El día en el que Coca-Cola renegó de su nombre

Sucedió el miércoles 5 de febrero. A las 18.22 de la tarde llegó a todas las redacciones de Madrid un correo electrónico del nuevo grupo embotellador de Coca-Cola en España, el holding Coca-Cola Iberian Partners.

En él, la firma presidida por Sol Daurella, matriarca de una multimillonaria familia catalana ligada desde siempre al negocio de La chispa de la vida en España, da su versión del estado de las negociaciones que sus asesores laborales mantienen con los sindicatos, en orden a instrumentar un expediente de regulación de empleo (ERE) con el que despedirá a 1.250 trabajadores y cerrará 4 de las 11 fábricas que posee en España.

Además, el documento adjunto que contenía el correo ofrece la ratificación de una novedad asombrosa. La empresa ya no se refiere a sí misma con el poderoso nombre de la marca de Atlanta.

El holding desecha el nombre –ya lo había hecho por primera vez con ocasión del comunicado que remitió dando cuenta de su decisión de poner en marcha los despidos–, y se refiere a sí misma y en todo momento como Iberian Partners, a secas.

La decisión parece razonable, en el mismo documento y como anotaciones

a pie de página, la empresa da detalles sobre un hecho incontrovertido. El ERE no lo presenta Coca-Cola Company, filial de la multinacional estadounidense.

La reestructuración del negocio de embotellado en España es una decisión cuya responsabilidad recae sobre Coca-Cola Iberian Partners y en concreto sobre su director general, Víctor Rufart.

Es comprensible que Coca-Cola Company y su primer ejecutivo en España, Marcos de Quinto, quieran tomar distancias de un problema que ha alcanzado ya una dimensión social y económica tal, que, de mantenerse en sus términos actuales, solo puede empeorar, a la vista de la tensión sindical y social que está adquiriendo. Su cristalización más visible son las llamadas, desde ámbitos sindicales y políticos, al boicot de los productos de la marca.

Coca-Cola Company tiene derecho de veto sobre el nombramiento de los ejecutivos de la empresa española

Pero la separación y distancia que ahora quiere aparentar no es tan clara.

A pesar de los esfuerzos de los portavoces de Coca-Cola Iberian Partners de

dejar claro que son dos empresas distintas, el grado de interacción es elevadísimo

y no solo a niveles operativos, sino que afectan al primer y segundo rango directivo de la empresa.

Para convencerse de ello, basta leer la página 31 del documento entregado a los sindicatos por la empresa bajo el título de Memoria. En esa página se reconoce que la independencia de la empresa española no es tal si se analiza a la luz de esta cita literal. “Por compromisos contractuales CCIP (Coca-Cola Iberian Partners) está obligada a compartir con TCCC (The Coca-Cola Company) el primer y segundo nivel directivo del grupo CCIP. Una vez se comunicó y validó el primer nivel, los comités de dirección de cada uno de los embotelladores quedaron disueltos (...)”.

“Que Madrid no se cierre”

Las plantas de Alicante, Oviedo y Palma de Mallorca tienen una solución relativamente sencilla. En base a recolocaciones y a prejubilaciones el daño que el ERE de Coca-Cola hace en ellas es asumible desde un punto de vista de negociación sindical. Donde no se puede ceder es en Madrid.

En Fuenlabrada la situación es dramática, alejada de cualquier otra fábrica de la empresa, la solución es complicada se mire como se mire. El objetivo claro es que Madrid no cierre”, es el literal de un razonamiento de un miembro de la mesa negociadora, que cree que todo se encauzaría enormemente si la empresa se sentara a negociar desde otros parámetros.

“Confío que esta semana –hay previstas dos reuniones de la mesa de negociación– Coca-Cola se habrá dado cuenta ya de que será más fácil si reconsidera parte de su plan inicial y ofrece bajas voluntarias”. Coca-Cola Iberian Partners asegura en su oferta que la totalidad de los 90 trabajadores de la planta de Alicante irán a trabajar a la de Valencia. Los 80 empleados de la de Asturias, podrán ser recolocados en A Coruña y Bilbao y casi todos los de Palma de Mallorca (77) “tendrán opción a recolocación”. Para Fuenlabrada (370 en total) ofrece 100 prejubilaciones y “el resto podrán optar a una recolocación”.