El Canal advierte por carta que anulará el contrato si Sacyr para la obra
La ACP ha pretendido cubrirse legalmente ante Sacyr y el resto de constructoras que forman el consorcio GUPC –Impregilo, Jan de Nul y Cusa– enviando un ultimátum por carta en el que advierte de las consecuencias del parón que sufren las obras del tercer juego de esclusas. La entidad que dirige Jorge Quijano urge que se recupere un ritmo semejante al que las constructoras mantenían en noviembre, antes de que estallara el conflicto entre ambas partes por la reclamación, por parte de GUPC, de sobrecostes por 1.625 millones de dólares (1.195 millones de euros). A juicio de Quijano, los trabajos están paralizados y eso es causa, mantiene en su misiva, de resolución.
Desde GUPC se ha reconocido a lo largo de enero que la actividad había descendido al 30% por el problema de liquidez motivado por los imprevistos encontrados y denunciados ante la ACP desde el año 2010. No hay dinero ni para pagar las nóminas de la semana, por lo que GUPC decidió el 30 de diciembre emitir un preaviso de 21 días anunciando la suspensión de los trabajos si no se recibía una aportación extra que cifró en 400 millones de dólares.
Las negociaciones se han extendido durante prácticamente un mes y la falta de acuerdo motivó una carta de Sacyr y sus socios, prácticamente fuera del plazo de negociación, recordando las implicaciones de dejar morir el contrato por falta de financiación: una batalla legal “de años” en los tribunales panameños e internacionales y un retraso de tres a cinco años en las propia obra por el relevo de las constructoras. Tras ello llegó el ultimátum de la ACP, avisando de que el abandono de la obra suponía una violación del contrato, firmado en 2009 por 3.118 millones de dólares.
Fuentes de GUPC aseguran que se mantiene el preaviso de suspensión, pero que esta no se ha hecho firme: “Las obras están funcionando a muy bajo ritmo sencillamente porque no hay fondos para mantenerlas activas. Es probable que acaben parándose por ese motivo”, asegura un alto ejecutivo del consorcio.
La ACP presiona con los pagos para que se recupere el pulso a pie de obra. GUPC ha denunciado que no ha cobrado los 50 millones de dólares de la certificación de diciembre. Aunque la propietaria tiene 60 días para cubrir el pago, normalmente lo ha hecho mucho antes de la conclusión de ese plazo. El hecho de que la ACP se salte ahora esa costumbre ha sumado tensión a la batalla.
Declaración
La ACP se ha cubierto de apoyos en Panamá. A Gobierno, oposición y universidades se ha sumado la Cámara de Comercio panameña, que aplaude la forma en que Quijano ha conducido la crisis. El Administrador pasará el día 12 por la Asamblea Nacional para dar cuenta de las reclamaciones de GUPC que motivaron la ruptura. También se le preguntará sobre el futuro del Canal. Quijano juega en casa, como se pudo apreciar en su primera comparecencia en el mes de enero. Por el momento, el jefe de la ACP ha anunciado que se abre un periodo de análisis para decidir cómo se acometerá el 30% que resta para culminar el tercer juego de esclusas.
La ACP y GUPC se levantaron de la mesa de negociación tras debatir durante días el plan de cofinanciación propuesto por Zurich, aseguradora de la ampliación. Este consiste en la inyección de 200 millones de dólares, a partes iguales, entre las constructoras y la gestora del Canal. A esa cifra se sumarían 400 millones más que serían levantados por las contratistas utilizando como garantía la propia fianza de Zurich. Todo ello debía estar acompañado de una moratoria hasta 2018 para devolver anticipos reembolsables prestados por la ACP por 785 millones de dólares. Las constructoras han puesto de manifiesto la flexibilidad de su posición: “Hemos pasado de pedir 400 millones de dólares al Canal a ponerlos nosotros”, citan desde GUPC.
Lo que ha quedado fuera de disputa es el asunto de los sobrecostes por 1.625 millones de dólares por imprevistos, de los que GUPC responsabiliza, en buena parte, al estudio geológico realiado por la ACP antes de adjudicar el contrato.
El administrador Quijano ha sido reticente al aplazamiento de la devolución de los anticipos y denuncian que GUPC no ha dejado de colocar los sobrecostes en primera línea de las negociaciones.
Los abogados de ambas partes siguen hablando
La propuesta de Sacyr, Impregilo, Jan de Nul y Cusa para rematar la ampliación del Canal de Panamá sigue en pie pese al cruce de amenazas entre el consorcio y la Autoridad del Canal de Panamá. Los unos hablan de paralizar las obras y los otros de rescindir el contrato. Los abogados de ambas partes no dan por muerto el proceso de negociación y tanto el miércoles por la tarde como ayer jueves mantuvieron conversaciones telefónicas para seguir limando lo que podría ser un plan aceptable por ambas partes.
Entre tanto, el embajador de Panamá en España, Roberto Eduardo Arango, volvió a hacer ayer declaraciones acerca de la batalla que se libra en su país, esta vez a Onda Cero, para remarcar que la ACP tiene la capacidad administrativa y los conocimientos técnicos para seguir adelante con la obra y que, a pesar de que las negociaciones están interrumpidas, no hay “punto y final”.
“No se pueden parar las obras de forma unilateral y esperar a que la Autoridad del Canal se quede de brazos cruzados esperando a que la obra se haga por sí sola”, dijo ayer el diplomático.
“Se está marcado una pauta general para todos los grandes proyectos en América Latina de que los sobrecostes sorpresivos no son el camino sino los sobrecostes justificados”, añadió en referencia a las desviaciones de 1.625 millones de dólares en la obra del Canal sobre un presupuesto de 3.118 millones de dólares.
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