La banca baraja recurrir la reforma de Fomento en las autopistas
El rescate de las autopistas en concurso de acreedores y sin tráfico se tambalea sobre un alambre después de que el Gobierno allanara el viernes su camino en caso liquidación de las concesiones en concurso. La aprobación del Real Decreto-Ley 1/2014, por el que se reduce la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) cuando el Estado tenga que pagar expropiaciones por mandato de los tribunales (ante la insolvencia de las concesionarias), es un revés a las concesionarias, constructoras y a la banca acreedora.
Estos tres sectores estudian desde el fin de semana las implicaciones de la decisión de Fomento y si existe base legal para rebajar la RPA. Uno de los despachos de abogados implicados en los concursos de las autopistas declara, tras pedir el anonimato, que los acreedores financieros tienen margen para reclamar, “máxime los bancos extranjeros al poder hacer uso de tratados internacionales”. Citi, RBS, HSBC, Deutsche Bank o Société Générale están entre los atrapados en créditos a las autopistas en riesgo. Fuentes financieras advierten que algunos miden ya sus posibilidades en los tribunales.
La solución de restar el montante de las expropiaciones a la RPA era una de las opciones que barajaba el Gobierno desde hacía semanas, pero la aprobación de la norma llegó por sorpresa.
“Es lo peor que podía pasar en la crisis de las autopistas”, dicen desde una de las concesionarias inmersa en los contactos con Fomento, máxime cuando se lleva meses trabajando en la nacionalización. Representadas por la patronal Seopan, las empresas han encargado un informe para demostrar al Gobierno las ventajas del rescate frente a la opción de dejar caer a las autopistas. Garrigues suena como favorita para ese trabajo.
La cifra máxima de RPA viene recogida en los contratos de concesión como derecho de pago al que tiene acceso el concesionario en caso de liquidación ajena a su responsabilidad. La RPA fue pignorada por las concesionarias como garantía para levantar financiación y poder construir las carreteras. Por tanto, es la banca acreedora la titular de esa prenda reducida por el Gobierno.
Fomento se defiende
Fomento mantiene que estudia varias opciones para resolver el problema de las autopistas en crisis, entre ellas la nacionalización. Y defiende que no pagará dos veces las expropiaciones: a los propietarios, por mandato de los tribunales, y a las concesionarias a través de la RPA.
La RPA de las nueve concesiones en riesgo, entre ellas las autopistas radiales de Madrid, supera los 4.000 millones. En manos de los bancos era toda una garantía de cobro si Hacienda frenaba la nacionalización y optaba por dejar caer a unas concesiones heridas de muerte por la falta de tráfico y las expropiaciones.
Las entidades financieras aparecen como “principales perjudicadas”, según una primera lectura de Hernández y Echevarría Abogados, por lo que supone un “hachazo o casi un golpe de muerte al acceso a la RPA”.
La nacionalización del ramillete de autopistas suponía la refinanciación de 3.700 millones de deuda, la obtención de 1.200 millones más y la permanencia de un nutrido grupo de bancos nacionales dispuestos a comprar la posición de una decena de entidades extranjeras que prestaron dinero a las concesionarias. De darse la liquidación, la solución de los bancos sería cobrar la RPA recortada.
También cambia la situación de las constructoras. Firmas como Ferrovial o ACS, entre otras, tienen cuentas millonarias por cobrar por obras en las autopistas quebradas. En caso de rescate está previsto que las deudas se liquiden en los cinco primeros años de funcionamiento de la empresa nacional de autopistas. Pero si las concesionarias desaparecen, pagos pendientes por 500 millones van a la cola en los concursos.
Las concesionarias, por último, reciben presión de la banca a la vista de que la RPA en prenda se ha desvalorizado con el Real Decreto-Ley de medidas de reforma en materia de infraestructuras.
Nueve concesiones en el aire
La crisis de las autopistas afecta a accionistas como Ferrovial, Sacyr, Abertis, ACS, Acciona, Isolux, Azvi o Comsa. También a más de 30 bancos encabezados por Santander, BBVA, La Caixa, Bankia, Popular y Sabadell. Estas son las nueve concesiones en riesgo.
- M-12 Eje Aeropuerto. El concurso fue aceptado el lunes. OHL firmó un crédito de 280 millones con Banesto, Bankia y RBS.
- Radial 2. La Madrid-Guadalajara (Henarsa) está participada por Abertis y ACS. Su deuda es de 420 millones.
- Radiales 3 y 5. Accesos de Madrid tiene a Abertis, Sacyr, ACS y Bankia como partícipes. Santander, Bankia, BBVA o La Caixa figuran entre sus más de 30 acreedores. Tiene 660 millones de deuda.
- Radial 4. Autopista Madrid Sur (Madrid-Ocaña) está en manos de Cintra, Sacyr y CCM. Fue a concurso con 575 millones sin refinanciar.
- Madrid-Levante AP-36. Pertenece a Ferrovial, Sacyr y Kutxa. Suspendió pagos con 522 millones de deuda. Están atrapados La Caixa, BBVA, RBS, Santander, Sabadell, HSBC o Deutsche Bank.
- AP-41 Madrid-Toledo. Soporta un crédito de 380 millones liderado por Santander. Sus accionistas son Isolux, Comsa, Azvi y Sando.
- Ciralsa. La circunvalación de Alicante (ACS, Abertis y Globalvía) arrastra 240 millones.
- Ausur. La Alicante-Cartagena (Ploder, Cajamar, Fuertes, Unicaja y Caja Murcia) tiene 214 millones de deuda.
- Aucosta. La Cartagena-Vera (GVI, Ploder, Cajamar, Unicaja y CAM) entró en concurso con 550 millones de Santander, RBS, Banesto o Unicaja.
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