Moncloa aprueba la racionalización del sector público
El Gobierno ha aprobado hoy, dentro del proyecto de ley de racionalización del sector público, un régimen jurídico sobre los consorcios relacionado con sus efectos, liquidación y plazo de adaptación de estatutos y derecho supletorio.
El Gobierno tramitó el anteproyecto de ley de racionalización del sector público el pasado mes de septiembre, y ha sido cuando a vuelto a la mesa del Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes. Cuando la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, informó de la aprobación del anteproyecto, subrayó que este texto permitirá intervenir o suprimir organismos públicos.
Otros se extinguirán por acuerdo del Consejo de Ministros o gracias al real decreto de racionalización del sector público que aprobó también en ese momento el Gobierno. El ahorro estimado para cuando se haya culminado el proceso de fusión, integración o extinción de esos organismos es de 33,5 millones de euros.
En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que la normativa actual no preveía la liquidación de consorcios cuando ya no estaban en funcionamiento.
En la futura ley de régimen jurídico se incluirá un régimen jurídico integral (creación, adscripción, funcionamiento y disolución) y básico referido a los consorcios que derogaría esta regulación y lo previsto en la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
En apenas seis meses, según Sáenz de Santamaría, se han puesto en marcha todas las medidas del informe de la CORA y, además, 44 ya están completamente finalizadas -lo que supone un 20%- y el resto se encuentra en fase de ejecución, un número muy importante muy avanzadas.
Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado una encomienda general para la prestación de servicios de administración electrónica por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda en el ámbito de la Administración General del Estado.