La banca recurre contra la devolución de la desgravación por invertir en el naval
El Gobierno español ya presentó recurso ante el mismo tribunal en septiembre del año pasado. Y parece que ahora contará con el apoyo generalizado de las entidades financieras que canalizaron la inversión hacia el sector naval, así como de las grandes empresas que utilizaron el régimen como medida para reducir su carga fiscal.
El prestigioso boletín de información sobre Derecho de la Competencia, MLex, señalaba ayer entre las entidades recurrentes a la patronal del sector financiero, a entidades como el Santander y a grupos como Inditex (propietario de Zara).
Los recursos aún no aparecían ayer en el registro digital del Tribunal, según comprobó este diario. Pero fuentes familiarizadas con el procedimiento de la Corte de Luxemburgo aclararon que a veces transcurren varios días desde que las partes confirman su intención de impugnar una decisión hasta que se registra oficialmente el recurso. El retraso en su publicación también podría deberse a los trámites de traducción del recurso.
En todo caso, la mayoría de las entidades financieras y de los grandes inversores afectados ya apuntaron su intención de recurrir cuando el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, anunció su decisión.
El polémico dictamen ni siquiera se ha publicado todavía en el Diario Oficial de la UE, a la espera de expurgar la información comercial más sensible que pudiera contener. Y Madrid y Bruselas todavía no han llegado a un acuerdo sobre el montante de las ayudas fiscales que deberán devolver los beneficiarios del régimen. Pero como era previsible, todas las partes están dispuestas a llevar la batalla judicial hasta el final, lo cual podría mantener la temida incertidumbre sobre el sector naval.
126 millones de euros en juego
El sector naval llegó a cifrar en 2.000 millones de euros la devolución de ayudas que supondría la anulación del tax lease. El comisario de Competencia, Joaquín Almunia, sin discutir la cifra, recordó que la devolución no correría a cargo de los astilleros sino de los inversores beneficiados. Y el Ministerio de Hacienda ha cifrado después esa devolución en 126 millones de euros, cantidad que todavía no ha aceptado Bruselas. Las entidades que canalizaron la inversión, como Bankia, CaixaBank, Unicaja o Sabadell, están dispuestas a recurrir ante la UE para evitar esa devolución.