A fondo
Infraestructuras de energía eléctrica.
Infraestructuras de energía eléctrica. EFE

La tarifa eléctrica entra en un oscuro túnel

Cuando uno entra en dirección prohibida, ¿por dónde debe circular, por la derecha o por la izquierda? Este absurdo debate es el que ha debido mantener estos últimos días el Gobierno sobre la situación provocada por la intervención de los precios eléctricos el 20 de diciembre, fecha en que la CNMC invalidó la vigesimoquinta subasta Cesur, de la que se derivaba una subida de la energía en la tarifa de último recurso (TUR) del 10,9% para el primer trimestre de 2014. La intervención se ha saldado con un real decreto ley que fija una subida media del 1,4% el 1 de enero, a la que hay que añadir un 0,9% de los peajes, solo de forma transitoria hasta marzo.

Pero al frenar por decreto esa fuerte subida de la luz, el Gobierno se ha metido en un peligroso callejón. La CNMC invalidó la subasta a petición del Ministerio de Industria, pues no le convino el resultado, cuando, hasta un día antes, su titular había aplaudido este mecanismo: “Lo que determine el mercado [el precio de la energía de la factura] no corre por mi cuenta, solo los peajes de acceso”, vino a decir José Manuel Soria en reiteradas ocasiones. Cuando el sistema eléctrico sangraba por los peajes (la tarifa regulada con la que se sufraga el déficit tarifario), ha terminado estallando por la parte liberalizada, la que el Gobierno había respetado y no consideraba un problema. De hecho, su macrorreforma eléctrica no toca ni las subastas ni el mercado mayorista. Solo ahora, a toro pasado, el Gobierno dice que los va a modificar.

El ministro apuntó enseguida a una manipulación de la subasta, confundiéndola con los elevados precios que se habían registrado días antes, que ya la CNMC estaba investigando, y que marcaron el resultado. En respuesta, los críticos aludieron a otra manipulación: la que el Gobierno ha hecho del mastodóntico organismo supervisor que engloba a los antiguos reguladores de los mercados, como la CNE y la CMT, y la autoridad de la Competencia. La confusión ha hecho atribuir a la denominada Sala de Competencia un papel que no ha tenido en todo el lío eléctrico, y que ha correspondido a la Sala de Regulación.

Una de las funciones heredadas de la antigua Comisión de la Energía, es supervisar y validar en 24 horas la subasta, labor que hasta ahora ejercían los directores de regulación y de mercados de derivados. Con la recomposición de cargos en el nuevo organigrama de la CNMC, la última subasta fue vigilada por dos subdirectoras: Esther Espeja y María José Samaniego, que cargaron con la responsabilidad de firmar en solitario la anulación de un proceso en el que participaron con sus ofertas 36 entidades, entre bancos, traders, petroleras y eléctricas, cuyos perjuicios son evidentes. Dada la trascendencia de semejante decisión, su visto bueno habría correspondido al consejo de administración de la CNMC, pero solo lo validan, además de las firmas de ambas, un informe de los servicios jurídicos.

Diversas fuentes jurídicas estiman que desde el minuto uno existen dudas sobre la legalidad de no validar la subasta, ya que esta se ha justificado por una falta de presión competitiva, supuesto que no contempla la orden ministerial 1659/2009 que regula la Cesur. Esta orden solo establece como motivo de anulación, que las participantes cometan un delito: prácticas no competitivas o colusorias, como pactos de precios. A nada de ello alude la resolución de la Secretaría de Estado de Energía por la que el Ministerio de Industria asumía la decisión de la CNMC e intervenía los precios eléctricos. De haberse apreciado indicios sólidos de delito la Sala de Competencia debía haber abierto de inmediato algún expediente sancionador.

Denuncias de las afectadas

Frente a las más que previsibles denuncias de los participantes en la subasta, dichas fuentes sostienen que resulta endeble el argumento de falta de competitividad, por haber escaseado las ofertas y haber cerrado la subasta en la séptima ronda. Existe un precedente peor que las afectadas podrían esgrimir: la subasta de gas para almacenamiento subterráneo, de idéntico funcionamiento que la Cesur, que se celebró en marzo de 2010 y se cerró en la primera ronda. Además, como recuerdan algunos de los participantes, ante la falta de oferta que podría hacer disparar los precios, el organizador podía haber rebajado la demanda.

El vacío generado por la anulación de la puja, y sin que la CNMC haya publicado un informe explicando su decisión (para lo que tiene dos semanas desde el día de autos), el Gobierno le remitió un escrito el viernes 20, para que elaborase una propuesta urgente para fijar un precio transitorio para 2014, y otra con un nuevo método para fijar los precios de la electricidad en la TUR. La primera fue aprobada el jueves por unanimidad por el consejo de la CNMC.

Una propuesta, con dos opciones de revisión de precios y que también deja abierto el debate jurídico. En lugar de remitirse a la orden ministerial 1659/2009, la cual establece que en el caso de no ser validada una subasta, se fijará el precio de la última a cuenta del que resulte en la siguiente, en este caso, la que debería celebrarse en marzo, la CNMC propuso fijarla con productos de futuros: o la media del último trimestre o del último semestre, lo que conllevaría una subida del 1,4% (la elegida, finalmente) o del 2,9%, una decisión con la que este organismo avanza ya la desaparición de la Cesur. Sin embargo, la CNMC ha pedido que se respete la razón de ser de la subasta, esto es, la cobertura de riesgo que proporciona a las comercializadoras de último recurso en los precios de la energía que debe comprar para atender a un sistema regulado: el del suministro de último recurso para domésticos y pymes. Descartado un precio para todo 2014, es preciso compensar a las CUR que, por principio, no pueden perder dinero, en caso de que el precio fijado sea después inferior al real. Las vías propuestas por la CNMC son compensarlas con las liquidaciones del sistema o subidas de la luz. De nuevo, todo indica a subidas aplazadas, sin que sea posible descartar que los tribunales obliguen al Gobierno a compensar a los agentes que acudieron a la subasta del 19 de diciembre y también lo paguen los usuarios.

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