El Gobierno interviene el precio eléctrico
Tras la decisión del supervisor de los mercados y la competencia (CNMC) de invalidar la subasta de electricidad celebrada ayer, y de la que se desprendía una subida de la tarifa de domésticos y pymes del 11% en enero (amén de los peajes que subirán una media del 2% para todos los usuarios), el Gobierno, al aceptar dicha invalidación, ha procedido a la intervención de los precios de la electricidad.
La CNMC ha justificado una decisión sin precedentes en las “circunstancias atípicas” que han rodeado a la subasta, sin aclarar a qué circunstancias se refiere. La normativa permite anular las subastas eléctricas cuando existen indicios evidentes de comportamientos anticompetitivos entre los agentes, algo, que de antemano, se descarta. De hecho, de haberse apreciados prácticas colusorias, la Sala de Competencia de la propia CNMC debería incoar de inmediato un expediente sancionador contra los sospechosos. A las subasta acudieron a vender 30 entidades y empresas (las habituales), eso sí, en un escenario de fuertes subidas de los precios de los mercados de futuros, que ya la CNMV estaba investigando.
Al ser complicado demostrar comportamientos contrarios a la libre competencia, todo apunta a que la CNMC (que debe justificar su decisión a través de un informe en el plazo de dos semanas) todo apunta a que alegará “falta de presión competitiva” en la subasta, por haberse apreciado pocas ofertas. Pero este extremo no está en la orden ministerial de 2009 que regula las subastas y su posible anulación.
La CNMC, en la nota de prensa en la que ha dado cuenta de su decisión, comunicada al operador del mercado responsable de organizar la subasta, Omie, alude a las múltiples veces que la antigua CNE recomendó al Ministerio de Industria una mejora del esquema de subastas. En realidad lo hizo cada vez que se celebraba una. Sin embargo, el Gobierno socialista lo mantuvo dos años, los mismos que lo ha dejado correr el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
El panorama que se avecina, sin precios para la electricidad del primer trimestre, y sin un marco regulatorio claro para fijarlos, es de una incertidumbre máxima.
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