Una ayuda que no se puede rechazar

El plan de rescate adicional que el Ministerio de Hacienda ha puesto en marcha para los más de 300 ayuntamientos que tienen graves problemas financieros constituye un balón de oxígeno del que se han beneficiado, en una primera fase, 88 consistorios. Para acceder al plan, los municipios tienen que someterse a una estricta vigilancia tanto de ingresos –que deben aumentar– como de gastos, que han de recortar. Desde Hacienda se insiste en que se trata de un mecanismo de ayuda, “no de estigmatización”, dirigido a aquellos ayuntamientos que arrastran un deterioro financiero estructural, acumulan un volumen excesivo de deudas o no pagan las cuotas del plan de proveedores. El plan del Gobierno permite, entre otras medidas, ampliar los plazos para devolver deudas, otorgar anticipos por un periodo superior al ejercicio, soportar menos retenciones de la participación en los tributos del Estado y contar con autorización para convertir al largo plazo operaciones a corto. Pese a la ventaja indudable que esto supone, desde Hacienda se advierte de que el signo político de algunos consistorios hará que –previsiblemente– se nieguen a aceptar el plan de rescate. De confirmarse ese extremo, ello constituiría no solo un signo de severa miopía, sino una grave irresponsabilidad política y un inaceptable error de gestión.