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Por cláusulas abusivas

Ryanair pagará 220.000 euros de multa por infringir la ley de consumidores

El presidente de la aerolínea de bajo coste irlandesa Ryanair, Michael O'Leary, gesticula durante una rueda de prensa en Roma (Italia), el 3 de diciembre de 2013.
El presidente de la aerolínea de bajo coste irlandesa Ryanair, Michael O'Leary, gesticula durante una rueda de prensa en Roma (Italia), el 3 de diciembre de 2013.STF (EFE)

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso interpuesto por la compañía aérea Ryanair contra la multa por 220.000 euros que le había impuesto en 2011 la Consejería de Economía por la comisión de diversas infracciones recogidas en la ley de protección de los consumidores.

La Comunidad sancionó a la compañía tras una inspección de oficio realizada en la página web de Ryanair y revisar las condiciones de contratación para sus vuelos.

En concreto, multó a la compañía con base irlandesa porque sus contratos contenían cláusulas en las que se disponía, entre otras cosas, que no aceptaba el Libro de Familia como documento de identificación de menores con el derecho a cancelar la reserva sin opción a reembolso.

Otras condiciones de la empresa sancionadas son el cargo de 40 euros al embarcar a los que no presentasen la tarjeta de embarque impresa a través de internet.

Además, Ryanair se reservaba el derecho de exigir tasas, impuestos, recargos y cualquier incremento después de la reserva; así como de negar el embarque a un pasajero o expulsarle, o no responsabilizarse de pérdidas, daños o uso de información contenida en su sitio web.

En la sentencia, contra la que no cabe recurso, según han explicado en un comunicado fuentes de la Comunidad de Madrid, el TSJM considera que los contratos de transporte celebrados se sujetan a la ley española y no a la irlandesa como pretendían los recurrentes, por lo que tal cláusula es nula, por abusiva.

La sentencia recoge además, indican estas mismas fuentes, que los hechos sancionados integran infracciones tipificadas en ley autonómica de protección de los consumidores en materia de prestación de servicios y condiciones o técnicas de venta.

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