Olswang propone a Fomento la refinanciación de deuda con garantía del Estado
Javier Vasserot, socio director de Olswang en España, durante un encuentro organizado en octubre por el bufete para tratar el rescate de las autopistas.
Javier Vasserot, socio director de Olswang en España, durante un encuentro organizado en octubre por el bufete para tratar el rescate de las autopistas.

Un bufete inmerso en la crisis de las autopistas pide que se eluda el rescate

El plan evita el rescate y el pago de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración

Olswang representa a dos concesionarias en sendos procesos concursales

El despacho británico de abogados Olswang, uno de los especialistas en infraestructuras con presencia en España, ha remitido su propia propuesta a Fomento para solucionar la crisis de las autopistas. El bufete mantuvo en octubre un encuentro con bancos, concesionarias y técnicos del ministerio, en el que se puso de manifiesto la dificultad de la nacionalización, que es la principal opción que maneja el departamento que dirige Ana Pastor.

Entre los problemas, a juicio del equipo de abogados que encabeza Javier Vasserot, destacan la controversia de imponer desde el Gobierno, vía norma, una solución a los jueces de los concursos; el incumplimiento de los pliegos iniciales de los proyectos de las autopistas; una posible ayuda prohibida del Estado, o la necesidad de la declaración de urgencia nacional para validar un Real Decreto de Nacionalización.

La alternativa que Olswang ha propuesto a Fomento, a través de un informe y de conversaciones con responsables del ministerio, es la vuelta a la refinanciación de la deuda (unos 4.000 millones) que pesa sobre las nueve concesionarias en quiebra. Una serie de operaciones que se llevarían a cabo aprovechando el convenio de acreedores de los concursos.

La contrapartida para que los bancos renovaran los créditos es que el Estado fuera garante de esas refinanciaciones por un plazo mínimo de siete años. De este modo se evitaría la liquidación de las empresas y el Gobierno aplazaría cualquier riesgo de pago de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), cifrada en 4.800 millones. La garantía soberana no tendría impacto en el déficit como tampoco lo tiene la propia RPA.

En cuanto a los propietarios del suelo expropiado, a los que se adeudan unos 1.800 millones, se les ofrecería una quita pero con pago inmediato, según el guión elaborado por Olswang.

El papel de los bancos

La banca nacional ha dicho sí a la nacionalización y sería acreedora de la empresa pública de autopistas. Los que no están por la labor son los 11 bancos extranjeros atrapados en los créditos, entre los que se defiende la refinanciación si hay garantías.

Sus posiciones en los sindicatos bancarios alcanzan los 1.200 millones. Se les ha ofrecido comprarles sus participaciones, pero no saben aún en qué condiciones. Se especula que la quita superaría el 20%.

A falta de mayor detalle, estos bancos hacen valer la opción de esperar la liquidación y cobrar la RPA. Pero ese proceso es largo y complejo, al no tenerse en cuenta, por ejemplo, los sobrecostes por obras y expropiaciones en cada concesión.

De hecho, la liquidación y posterior ejecución de la RPA podría irse más allá de 2014. En los concursos se están resolviendo aún los incidentes concursales, que paralizan la fase común al afectar a más del 20% de la masa acreedora. Con los juzgados colapsados es imposible determinar cuándo podrían solucionarse esos incidentes. Posteriormente vendrían el convenio o la liquidación. Por esta razón en Olswang creen que hay margen para llegar a una refinanciación.

El despacho tiene relación con dos autopistas en concurso, pero su socio director en España, Javier Vasserot, asegura que toma la iniciativa “como agente activo en el sector de las infraestructuras”. Buena parte de su carrera, en Uría & Menéndez, Linklaters, Squire Sanders, DLA Piper, Bird & Bird y Olswang, está relacionada con el asesoramiento a empresas en adquisiciones, reestructuraciones, financiación de proyectos y procesos concursales. Respecto a la crisis de las autopistas opina que “las concesionarias no llegaron a acuerdos de refinanciación por la ineficacia e incluso impago de las cuentas de compensación y créditos participativos aportados por el Gobierno para compensar los desequilibrios de las autopistas. Una situación que, sumada al rumor de nacionalización, minó la confianza de los bancos”.

Una losa de 4.800 millones de euros

Rescate o asumir un coste de 4.800 millones de euros. Esas son las dos opciones que tiene el Gobierno ante el descalabro de las autopistas sin tráfico, según dijo el martes el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados.

Este alto cargo del ministerio defendió que la constitución de una empresa pública de autopistas (en la que el Estado tendría el 80% del capital y las concesionarias el 20% restante) no supondría un lastre ni para el déficit público ni para el contribuyente. Niño aseguró que Fomento dará luz verde próximamente a la solución a las vista de que las negociaciones con la banca y con las concesionarias de las autopistas están “suficientemente avanzadas”, informa Europa Press.

Desde Fomento se achaca a la crisis el hecho de que las nueve autopistas en quiebra, entre ellas las radiales de Madrid, no hayan alcanzado sus objetivos de tráfico, quedándose en muchos casos en menos del 50%.

El pasado mes de noviembre, tal y como adelantó CincoDías, se celebró una reunión en la que la ministra de Fomento, Ana Pastor, mostró el plan de rescate al presidente Rajoy, al ministro de Economía, Luis de Guindos, y al de Hacienda, Cristóbal Montoro. En esa cita el presidente preguntó por los costes y plazos de aplicación de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Se quedó en que Hacienda tendría la última palabra.

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