Editorial

Luces y sombras en el ajuste fiscal

El déficit que arrastra el conjunto de las Administraciones públicas españolas –con la excepción de los ayuntamientos, de los que todavía no se han recopilado los datos– ha crecido una décima hasta el tercer trimestre del año respecto al registrado en 2012. Entre enero y septiembre, y sin contar con la ayuda financiera para el sector bancario, la factura alcanzó casi 49.300 millones de euros frente a los 48.491 millones de 2012, lo que supone un ligero retroceso en la carrera por cumplir con los objetivos impuestos por Bruselas. La explicación a ese pequeño paso atrás radica en el deterioro financiero que sufre la Seguridad Social, cuyo déficit en septiembre alcanzaba ya el 0,32% del PIB y duplicaba el registrado en el ejercicio anterior. Pese al férreo voluntarismo de Hacienda, que sostiene que la caja de las pensiones “cumplirá holgadamente” con su compromiso, el propio Cristóbal Montoro aseguraba hace una semana que la Seguridad Social cerrará el año con un déficit del 1,8%, cuando el límite marcado es del 0,4%.

Es cierto –y hay que felicitarse por ello– que el buen comportamiento de los ayuntamientos ejercerá previsiblemente de contrapeso frente al desvío de la caja de las pensiones. Todo apunta a que los municipios cerrarán el año de nuevo con las cuentas en orden, tras haber cerrado 2012 con un superávit del 0,22%. Desde el Gobierno se espera y se confía en que ese porcentaje sea aún mayor y sirva así de confortable colchón para alcanzar el objetivo general de déficit marcado por Bruselas. En ese ejemplar saneamiento llevado a cabo en las corporaciones locales es donde radica la clave del cumplimiento de España. Tanto las cifras de déficit de la Administración central como de la autonómica han experimentado una reducción, aunque mínima. Ello supone, especialmente en el caso de las regiones, una muy buena noticia de cara al sprint de final de año.

La radiografía del proceso de ajuste fiscal en España cuenta con luces, pero también con sombras. No hay duda de que la buena salud de las finanzas municipales constituye un balón de oxígeno muy valioso no solo para la Administración local, sino para el conjunto del Estado, pero ello no debe hacer olvidar que el saneamiento de las finanzas públicas debe culminarse en todos los frentes y con idéntica eficacia. Entre las asignaturas pendientes de nuestro país figura resolver los problemas de una Seguridad Social cuya sostenibilidad futura y buena salud financiera continúa en cuestión. Tampoco se puede pasar por alto el hecho de que hay seis comunidades autónomas que han retrocedido en su proceso de reducción del déficit público. En ese sentido, el problema autonómico continúa siendo un serio escollo en el camino de austeridad que España debe culminar.

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