El ex presidente de la CEOE solicita la medida en el juzgado de Marsans
Gerardo Díaz Ferrán saliendo de la Audiencia Nacional en 2012.
Gerardo Díaz Ferrán saliendo de la Audiencia Nacional en 2012.

Díaz-Ferrán pide justicia gratuita por no poder pagar las tasas

Gerardo Díaz Ferrán ha solicitado al juzgado mercantil número 12 de Madrid, que sigue el concurso del grupo Marsans, la anulación del plazo concedido para pagar las tasas judiciales. En un escrito presentado al juzgado el pasado día 19, al que ha accedido este diario, la defensa del ex presidente de la CEOE requiere la medida “en virtud de la solicitud de justicia gratuita solicitado”.

Díaz Ferrán fue encarcelado el 3 de diciembre del pasado año por su implicación en presuntos delitos relacionados con el caso Marsans. El empresario acordó en mayo de 2010 el traspaso de Marsans a Ángel de Cabo, especializado en la adquisición de empresas en concurso de acreedores y que fue encarcelado junto con Díaz Ferrán. Prácticamente al mismo tiempo del traspaso de Marsans el grupo de viajes entró en concurso de acreedores; en la actualidad está en liquidación.

En un auto dictado el 4 de diciembre por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional el juez Eloy Velasco explicó que de “la investigación policial se desprenden numerosos y marcados indicios” de que Díaz Ferrán y su socio en Marsans, Gonzalo Pascual, fallecido el año pasado, “acordaron con De Cabo Sanz una estrategia para alzarse con sus bienes y eludir las responsabilidades de una serie de procesos en las que su grupo empresarial se hallaba inmerso”. Dicha estrategia pasaba por ceder el control de Marsans a De Cabo quien se comprometía “a realizar una serie de pagos a los empresarios”.

Según explica el Colegio de Abogados de Madrid, tienen derecho a justicia gratuita las personas cuyos ingresos económicos brutos, en cómputo anual y por unidad familiar, no superen el doble del Iprem (Indicado Público de Renta de Efectos Múltiples), que en 2013 viene fijado en la cantidad de 12.780,26 euros anuales para los solicitantes que no formen parte de una unidad familiar; dos veces y media el Iprem, fijado en 15.975,32 euros anuales para solicitantes cuya unidad familiar esté compuesta por dos y tres miembros; y el triple del Iprem, fijado en 19.170,39 euros anuales para solicitantes cuya unidad familiar esté compuesta por cuatro o más miembros.

En opinión de la administración concursal nombrada por la jueza en Marsans, el concurso de la que fuera primera compañía de viajes en España se debe a la salida de dinero de la empresa a otras sociedades del grupo, lo que provocó una “monstruosa” falta de liquidez que motivó la insolvencia. La magistrada del juzgado mercantil número 12 de Madrid, en una sentencia firmada el pasado 13 de junio, en el que se declaraba culpable el concurso del grupo de viajes, explica que la situación de iliquidez de la empresa fue provocada por salidas “enormes” de tesorería, como el desvío de 189,5 millones de Marsans a Teinver, sociedad de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual.

Según calculó la administración concursal de Marsans a principios de 2012, el déficit patrimonial del grupo supera los 420 millones. Lo que quiere decir que ni siquiera los usuarios que contrataron viajes con la compañía podrán recuperar su dinero.

En el informe provisional de la administración concursal de Marsans aparecían 281 millones de euros en activos, que no han podido transformarse en liquidez; 10.173 acreedores ordinarios por importe de 447 millones de euros y 1.095 acreedores con privilegio especial, por importe de más de 20 millones, entre los que se encuentran Hacienda y la Tesorería General de la Seguridad Social, no cobrarán.

La juez del concurso de Marsans ya ordenó, tras solicitarlo la administración concursal, el embargo preventivo de bienes de Díaz Ferrán y Pascual para cubrir el déficit del grupo.

“Tres años después de entrar en concurso Marsans, la pregunta que nos hacemos todos es ¿dónde están los más de 400 millones de euros que faltan de desfase patrimonial?”, comenta José Martínez Carrera, director del despacho Gesico, que instó en 2010 el concurso de Marsans en nombre de un acreedor.

Un año después de hacerse con Marsans, Ángel de Cabo acordó con la familia Ruiz-Mateos la adquisición de las empresas del grupo Nueva Rumasa.

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