Santander confía en sumar más capital con los créditos fiscales

El presidente de Banco Santander, Emilio Botín.Efe

La banca dio por “prácticamente concluidas” las negociaciones con el Gobierno para transformar en capital los activos fiscales diferidos hace más de una semana. Fuera de esta norma quedaban los compromisos contraídos por una entidad correspondientes a la indemnización de un trabajador hasta que logra la jubilación. El gran perjudicado era Banco Santander, que cuenta con unos 17.000 millones en créditos fiscales, en su gran mayoría provenientes de las aportaciones a los planes de pensiones.

En los últimos días, sin embargo, algo ha cambiado, ya que el sector vuelve a comentar la posibilidad de que se incorporen los compromisos de pensiones como parte de los créditos fiscales. Así, estos podrían sumarse como capital de máxima categoría para la banca.

La presión de Santander en este proceso no ha aminorado en ningún momento, explican fuentes de la banca. Fuentes del grupo que preside Emilio Botín reconocen que mantienen aún contactos para lograr este objetivo, que también beneficiaria a otras firmas financieras. De ser así, la norma por la que los bancos podrán contabilizar como capital más de 28.000 millones subiría ligeramente. Inicialmente, el sector pretendía obtener unos 50.000 millones, que corresponden a casi todos los activos fiscales con los que cuenta.

Para su reclamación, la banca española argumenta que a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, como Francia, Alemania, Reino Unido y Holanda, en España las pérdidas fiscales no son compensables con beneficios pasados. Además, la norma española actual “no permite la monetización de los activos fiscales diferidos, opción que sí sigue Italia desde 2011 y Brasil desde el presente ejercicio”.

Otras claves

El examen español

El Banco de España, en las pruebas de resistencia que realizará al sector, tiene previsto estresar los fondos propios con tres escenarios. El primero incluirá como capital los activos fiscales, incluidos los compromisos por pensiones. El segundo escenario excluirá esos compromisoso. Y el tercer escenario, y el más exigente, no computaría ningún crédito fiscal como capital.

Los decretos de Guindos para provisionar el ladrillo sumarán como capital.

Aunque Basilea III establece un régimen paulatino de entrada en vigor de 10 años, con un incremento del capital del 10% anual, las fuentes consultadas aseguran que “los analistas ya han comenzado a descontar esta penalización, de ahí que sea tan urgente que la norma se apruebe antes de que finalice el presente ejercicio”. Otras fuentes aseguran que “el efecto discriminatorio que esta situación provocaría en la banca española en términos de competitividad es enorme”. Su opinión se basa en que, según los análisis realizados por consultores y bancos de negocios, el impacto medio en el capital de las entidades españolas ascendería a más de 300 puntos básicos. Los grandes bancos europeos solo sufrirían un impacto medio en su core capital de 60 puntos básicos.

Fuentes del Gobierno aseguran que la norma que avalaría los créditos fiscales para su cómputo como capital se aprobará el 29 de noviembre, o a más tardar el 5 de diciembre. Y reconocen que, pese a haberse apartado hasta ahora los compromisos de pensiones como DTA, las negociaciones están abiertas.