El Gobierno recauda 256 millones hasta octubre con las nuevas tasas judiciales
El Gobierno ha recaudado 256 millones de euros con la aplicación de las nuevas tasas judiciales desde el mes de enero hasta el pasado 31 de octubre, según datos de la Agencia Tributaria.
Según informaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Justicia, los ingresos generados por la introducción de este tributo alcanzaron los 256.851.127 euros en los diez primeros meses del año.
Esta cifra es superior a los 172 millones de euros que fueron obtenidos hace tres años con el antiguo sistema, aunque inferior a las previsiones del Ejecutivo, que cifró en cerca de 300 millones de euros las ganancias generadas con el nuevo gravamen.
Precisamente, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha declarado este miércoles “satisfecho” con esta norma y ha negado que disuada al ciudadano a la hora de emprender acciones legales. “Estamos satisfechos por solidaridad, porque ha elevado los umbrales de justicia gratuita”, ha afirmado en el Congreso de los Diputados en respuesta al PSOE, que llevó la ley al Tribunal Constitucional.
Destino del dinero
Cuando el ministro presentó el anteproyecto ya garantizó que el dinero obtenido de las tasas no iría a parar a las arcas del Estado, sino a sufragar la justicia gratuita.
Algo que ha sido cuestionado por los profesionales de la Justicia que alegan que tal partida ha quedado congelada. Así lo han expuesto en las concentraciones que han reunido a las puertas de las sedes judiciales de toda España a centenares de abogados acompañados por plataformas de jueces, secretarios judiciales, sindicatos, funcionarios o consumidores.
Las concentraciones han coincidido con el aniversario de la ley de tasas, que contempla subidas de entre 50 y 750 euros y ha sido objeto de varios recursos y cuestiones de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional.
En ellas se ha leído el Manifiesto Social 'Un Año contra las Tasas' presentado por la Plataforma Justicia para Todos para denunciar el carácter “puramente recaudatorio” y el efecto “disuasorio” que ha tenido en los ciudadanos que no han podido acceder a la tutela de los tribunales.