La UE, del revés
La ‘acción de oro’ recobra su brillo con permiso de Bruselas

La ‘acción de oro’ recobra su brillo con permiso de Bruselas

La acción de oro está recuperando presencia en la Unión Europea con la complicidad silenciosa de Bruselas. Ya no se trata del derecho de veto que se reservaron los gobiernos en las compañías privatizadas hace 15 años y que fue perseguido de manera encarnizada por la Comisión Europea. La nueva versión es más sutil y discreta, basada en normas con discrecionalidad suficiente para frenar al inversor no deseado. O en procesos de privatización “ a la medida” para garantizar una estructura accionarial favorable al Estado de turno. Y si la estrategia falla, siempre queda una contundente declaración política para alejar de manera definitiva al predador más contumaz.

Hasta la llegada de la crisis, Bruselas reaccionaba de manera airada ante cualquiera de esas maniobras, por considerar que atentan contra la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento. Pero las tornas han cambiado. Y ante la nueva oleada de privatizaciones y fusiones que husmean ya los mercados, puede darse por seguro que los potenciales inversores deberán congraciarse con los respectivos gobiernos. Y que no pueden esperar la intercesión de la CE si en algún país se les despacha con cajas destempladas.

El cambio de actitud responde a motivos coyunturales, pero también de fondo. Entre los primeros figura el hecho de que la crisis ha depreciado de manera espeluznante numerosos activos, incluidos algunos estratégicos (como en energía o telecomunicaciones), hasta convertirlos en jugosas gangas para el capital extracomunitario. Y los países de la UE no parecen dispuestos a tolerar que sus empresas caigan en manos del primer postor. Algunos gigantes, como la telefónica estadounidense AT&T o la gasística rusa Gazprom ya han comprobado que sus insinuaciones y tanteos no son bien recibidas en todas partes.

Pero el cambio también obedece a razones de más largo plazo. Fuentes europeas recuerdan que, a diferencia de Washington, Bruselas no dispone de ningún sistema para filtrar las inversiones con criterios de interés estratégico, por lo que parece inevitable que las diversas capitales apliquen su propio filtro nacional. Solo en 2012, según los datos de la Comisión Europea, otros tres países europeos se dotaron de mecanismos para supervisar y vetar, llegado el caso, las inversiones procedentes del exterior.

En el caso de las inversiones intracomunitarias, el dilema se ha resuelto, de momento, con un acuerdo tácito de no agresión que, según confirman a CincoDías fuentes empresariales, atañe a varios de los sectores más estratégicos del continente.

Si la ofensiva no deseada llega desde fuera, el gobierno de turno dejará claro al predador que no es bienvenido a sabiendas de que ningún comisario europeo osará levantar la voz. El multimillonario mexicano Carlos Slim ha sido el último en estrellarse contra la estructura accionarial de la telefónica holandesa KPN, sin que Bruselas haya pronunciado una palabra. Y la misma Comisión acaba de darse por vencida en su batalla contra el blindaje de Volkswagen, tras perder el caso en el Tribunal de Justicia europeo.

El Tribunal, que había refrendado hasta la cruzada de Bruselas contra las acciones de oro, también parece inclinarse por una jurisprudencia más benévola con la injerencia gubernamental. El pasado mes, incluso aceptó, en un caso holandés, que los gobiernos pueden prohibir tajantemente la privatización de ciertos activos.

“La sentencia parece adoptar un lenguaje menos hostil a las justificaciones avanzadas por los estados, al menos, por el holandés”, señalan desde Garrigues, uno de los despachos europeos con mayor experiencia en competencia y mercado interior.

José Luis Buendía, socio-director del despacho en Bruselas, recuerda que la última palabra la tendrán los jueces holandeses, porque se trata de una consulta prejudicial. “Pero la sentencia europea puede entenderse como una invitación para que el tribunal nacional declare conforme la norma nacional con el derecho de la unión y no cabe duda de que si el Tribunal hubiese deseado el resultado contrario habría utilizado otro lenguaje”.

 

La CE renuncia a seguir expedientando a los países

La ofensiva iniciada en 1997 contra las llamadas acciones de oro ha concluido. “En un mundo globalizado y que cambia tan rápido, no es suficiente defender la libre circulación de capitales a base sobre todo de procedimientos de infracción”, reconoce la CE en su último informe sobre inversión internacional en la UE. Bruselas sostiene en el mismo documento que el escenario ha cambiado tras la crisis de la deuda soberana. “La UE necesita con urgencia atraer inversión al mismo tiempo que los Estados miembros tienen que ser capaces de proteger sus legítimos objetivos políticos y de seguridad”. Un lenguaje muy diferente del que se oía en Bruselas antes de la crisis.

La entrada en Italia pasa por el despacho de Letta

Italia, con una deuda pública del 127 % del PIB, es uno de los países en el punto de mira de los inversores internacionales. El Gobierno de Enrico Letta, según la agencia Ansa, ya tiene previsto ceder una parte de su participación en la petrolera ENI, aunque desea mantener el control de la energética ENEL y la armamentística Finmeccanica. La entrada en Italia, en cualquier caso requiere la aquiescencia del gobierno de Enrico Letta, incluso en el caso de compañías privadas como Telecom Italia. Telefónica ha aumentado su participación en esa compañía sin asumir los derechos de voto correspondientes, en señal de buena voluntad.

España recupera Indra y privatiza Aena con cautela

La CE exigió y logró en 2006 la supresión de la acción de oro en Indra. Ahora el Estado ha regresado a la tecnológica tras comprar por 337 millones el 20% de participación de que disponía Bankia. Y un político, el ex ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio se sienta ya en su consejo de administración. Al mismo tiempo, el Gobierno ha anunciado la privatización del 60% de Aena. Pero con condiciones. La mitad de esa cuota se reservará a entre tres y cinco inversores con una participación máxima del 10% cada uno. Los aspirantes deberán comprometerse a no aumentar su cuota. Y cabe imaginar que cuanto más largo sea el compromiso, más posibilidades tendrán de ser elegidos.

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