La ley del sector no logra el consenso deseado por el Gobierno a su paso por el Congreso
El diputado de CiU Josep Sánchez Llibre
El diputado de CiU Josep Sánchez Llibre EFE

Desaparece el fondo de reserva de las cajas si salen a Bolsa en cinco años

Kutxabank logra su objetivo de mantener su obra social

El PSOE ha decidido votar en contra de la Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias en su paso por el Congreso de los Diputados. El objetivo del Gobierno era que la norma contará con el apoyo de los principales grupos políticos: PP, PSOE, CiU y PNV. El grupo catalán también decidió ayer abstenerse. De esta forma, la ley solo ha sido aprobada por el PP y el grupo vasco.

Valeriano Gómez, portavoz socialista de Economía en el Congreso, explicó ayer que el grupo votó en contra del proyecto de ley al considerar que el diseño de la estructura del protectorado y de quién debe ejercer esa condición en el ámbito de las cajas de carácter regional, no está suficientemente clarificada. “Siempre hemos dicho que se trata de respetar el marco competencial. Por ello, hemos presentado una enmienda destinada al respeto del marco competencial”. CiU, mientras, se ha abstenido porque en opinión del diputado, Josep Sánchez Llibre, el resultado de la negociación “no ha sido lo positivo que esperaban”. PNV, sobre todo, y en parte CiU han logrado varios de sus objetivos gracias al apoyo del PP. De cualquier forma, la el grupo catalán confía en el paso de la norma por el Senado para lograr parte de sus objetivos como que se eliminen las incompatiilidades entre los consejeros del banco y la fundación.

La principal novedad es la eliminación del fondo de reserva, con lo que este no estará en el banco, como fijaba el proyecto de ley actual, ni en la fundación como reclamaban varias de las antiguas cajas, como Kutxabank. Eso sí, para conseguir no tener que dotar el fondo de reserva, como reclamaba la troika, las fundaciones deben acometer un plan de desinversión para perder el control del banco. De esta forma, las fundaciones no podrán tener más del 49% del capital de su filial en un plazo no superior a cinco años.

De esta forma, Kutxabank, presidida por Mario Fernández, consigue su objetivo, lo mismo que La Caixa, aunque ésta en menor medida.

En la práctica esto significa que la entidad vasca, Unicaja e Ibercaja –Caixabank no porque ya cotiza– deberán salir a Bolsa o contar con otros accionistas, además de la fundación en menos de un lustro. Pedro Azpiazu, portavoz económico de EAJ en el Congreso, aseguró ayer en el Congreso que con esta fórmula se logra preservar la obra social de Kutxabank. Azpiazu añadió que de haber dejado la redacción original “hubiera supuesto también dejar a Kutxabank en una situación de desventaja competitiva con respecto a otras entidades financieras”. El programa de desinversión así “será supervisado por el Banco de España, tendrá carácter reservado y deberá ser ejecutado en el plazo máximo de 5 años”.

CiU ha decidido abstenerse al no salir adelante una de sus principales reclamaciones, que los consejeros de Caixabank pudieran sentarse también en la fundación o viceversa. Pese a ello, una enmienda del PNV que se llevará al Senado deja la puerta abierta para que se vuelva a debatir esta propuesta.

Una incompatibilidad aún en discusión

CiU cree “indispensable” que en los futuros patronatos de las fundaciones estén presentes las entidades fundadoras y defiende un mayor peso de los gobiernos autonómicos a pesar de que las cajas amplíen su negocio a otras regiones. Pese a ello, CiU ha conseguido que se mantenga el régimen fiscal de consolidación de la fundación pese a que se reduzcan la participación en el banco. El PNV ha logrado incorporar cuatro enmiendas más al proyecto de ley, entre las que destaca una que “reconoce la competencia autonómica sobre el régimen de fundaciones”. Otra pretende dejar clara la no necesidad de que las cajas que hubieran de transformarse en fundaciones hagan modificaciones necesarias pese a continuar siendo cajas durante el periodo que transcurra hasta su transformación. Durante la defensa del proyecto, el diputado del PP José López Garrido, dijo que la norma “hace posible que las cajas sigan existiendo”, y que al despojarlas de su labor financiera centrarán toda su actividad en la obra social. El grupo socialista también tampoco está de acuerdo con el régimen de incompatibilidades, ya que, aunque acepta que se extremen las exigencias de profesionalidad, no le parece bien que se haga tanto como en la ley.

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