Las autopistas en quiebra tienen tres días para entrar en la entidad pública
El Ejecutivo quiere cerrar un conflicto que amenaza a todo el sistema concesional español Las empresas insisten en poarticipar en la nueva entidad pública con un 49% del capital
Comienza la cuenta atrás para encarrilar uno de los conflictos que más preocupa a las grandes concesionarias de autopistas y, por ende, al Ejecutivo: la quiebra de una decena de autopistas de peaje en manos de nueve concesionarias, todas ellas participadas por las grandes constructoras cotizadas.
El Ministerio de Fomento dio este fin de semana a las compañías afectadas un ultimátum de tres días, hasta el próximo miércoles 30 de octubre, para que confirmen si se adhieren o no a la sociedad pública que ha creado el departamento que dirige Ana Pastor con el fin de nacionalizar las infraestructuras con problemas. Así, antes de esa fecha las concesionarias de estas vías de pago deben comunicar a Fomento si aceptan su última propuesta. En este planteamiento, el Ministerio mantiene en el 20% el porcentaje de la nueva sociedad pública que cede a las empresas actualmente titulares de las vías.
Ofrece además abonar a dichas empresas un total de 350 millones de euros por los importes que les adeuda por las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron y las modificaciones que sufrieron sus proyectos de obra, según informaron a Europa Press fuentes del sector.
No obstante, hasta el pasado viernes, las empresas mantenían su rechazo a aceptar esta propuesta e insistían en demandar a la Administración una participación del 49% en la nueva empresa nacional de autopistas.
El proyecto planteado por Fomento pasa por que todas las autopistas en riesgo de quiebra definitiva acepten integrarse en la nueva empresa nacional y no contempla que alguna se descuelgue del acuerdo.
De su lado, las concesionarias abogan por continuar negociando con el Ministerio, dado que, según recuerdan en fuentes del sector, en caso de no aceptar el proyecto e ir a liquidación, el Estado tendría que afrontar la responsabilidad patrimonial de las vías con el consiguiente efecto sobre el déficit público. Además, cabría la posibilidad de que acudieran a los tribunales.
Fomento trabaja desde hace meses en integrar en una sociedad pública a la decena de autopistas quebradas para garantizar su viabilidad futura y evitar que el Estado tenga que afrontar su responsabilidad patrimonial. El Ministerio cuenta ya con un acuerdo prácticamente cerrado con los bancos acreedores de las vías, con lo que el proyecto estaría pendiente del visto bueno final de Hacienda y la ratificación unánime de todas las autopistas.
La sociedad, que se aprobaría por Real Decreto, estaría participada al 80% por el Estado y al 20% por las concesionarias de las vías de pago que la integran. Se ha diseñado a un horizonte de 40 años y parte de la previsión de que el tráfico siga cayendo hasta 2015 para empezar a crecer en ejercicios sucesivos. Entre la decena de autopistas en riesgo de quiebra figuran las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera, la circunvalación de Alicante o la que une Madrid y el Aeropuerto de Barajas. En su mayor parte están participadas por las grandes constructoras cotizadas.
Nueve concesiones pendientes de nacionalizar
La crisis de las autopistas afecta a firmas como Abertis, ACS, Ferrovial, OHL, Sacyr, Acciona, Azvi, Isolux o Comsa. Estas son las nueve del rescate.
M-12 / eje aeropuerto
OHL firmó 280 millones a largo
plazo con Banesto, Bankia y RBS.
Radial 2
La autopista Madrid-Guadalajara está gestionada por Henarsa (Abertis y ACS). Su deuda asciende a un total de 420 millones con un plazo de 22 años.
Radiales 3 y 5
Participadas por Abertis, Sacyr, ACS y Bankia, fueron a concurso con 660 millones. Santander, Bankia, BBVA o La Caixa están entre más de 30 acreedores.
Radial 4
Autopista Madrid Sur (Cintra, Sacyr y CCM), titular de la vía que va de Madrid a Ocaña (Toledo), entró en concurso al no poder refinanciar 575 millones de euros.
Madrid-Levante
La autopista Ocaña-La Roda (AP-36, participada por Cintra, Sacyr y Kutxa) suspendió pagos con 522 millones de deuda. Están afectados CaixaBank, BBVA, Banco de Valencia, RBS, Santander, Sabadell, HSBC, Société Générale o Deutsche Bank.
Aucosta
La Cartagena-Vera (GVI, Ploder, Cajamar, Unicaja y CAM) está en concurso con 550 millones aportados por Santander, RBS, Banesto, Unicaja y otros.
AP-41
La Madrid-Toledo (Isolux, Comsa, Azvi y Sando), primer concurso, soporta un crédito de 380 millones liderado por Santander.
Ciralsa
La circunvalación de Alicante (ACS, Abertis y Globalvía) arrastra 240 millones de deuda.
Ausur
La Alicante-Cartagena (Ploder, Cajamar, Grupo Fuertes, Unicaja y Caja Murcia) tiene un crédito de 214 millones.