Gastar para ahorrar en el control de las bajas laborales
35,5 días es el período medio de baja, dos días menos que en 2007 El ahorro acumulado en cinco años supera los 2.000 millones
Hay una partida de gasto en el presupuesto de la Seguridad Social que es poco conocida por el ciudadano pero que, sin duda, puede afectarle mucho, aunque no lo sepa. Se trata de unos convenios de colaboración con las comunidades autónomas, que incluyen una inversión anual de unos 300 millones de euros para que los servicios regionales de salud controlen más el gasto en incapacidad temporal (IT), las comúnmente conocidas como bajas laborales.
Así, según estos convenios, los responsables de la gestión sanitaria de la mayoría de las comunidades autónomas –salvo elPaís Vasco y Navarra– reciben cada año desde 2006, un paquete de incentivos que reparten, en cada caso según sus criterios, entre los gestores y facultativos sanitarios, para mantener bajo control el gasto en prestaciones de incapacidad temporal. Se trata, en cierta forma, de premiar a los médicos y gestores que menos bajas den y menor duración registren, así como de “modernizar” los sistemas de control de esta prestación.
Nueve años después se plantea la cuestión de si este tipo de incentivos son efectivos. Según las cifras estadísticas, podría decirse que sí han logrado reducir el número medio de procesos de IT y su incidencia. Esto ha repercutido en un menor gasto, como era de esperar, si bien el volumen de ahorro de gasto es incluso algo inferior al dinero público invertido en los incentivos para su control. Coloquialmente se podría decir que casi ha salido lo comido por lo servido.
A vueltas con que las mutuas puedan dar las altas
Los médicos de los servicios regionales de salud de cada comunidad autónoma son los únicos competentes –junto a los del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)– para extender los partes médicos de baja, la confirmación y el alta del trabajador en los procesos de incapacidad temporal en cada territorio. Esto deja fuera a los facultativos de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que, sin embargo, gestionan aproximadamente más del 70% de las bajas por enfermedad común de los asalariados. De ahí, que los gestores de las mutuase quejan de que cuando los médicos de una mutua consideran que el trabajador debería recibir ya el alta, esto no se produce. El médico de la mutua envía una propuesta al médico de cabecera, que suele ser ignorada.
Según la patronal de las Mutuas de Accidentes (AMAT), si se les permitiera dar altas en procesos de enfermedad común, las empresas ahorrarían 5.360 millones y la Seguridad Social otros 2.311.
Así, cuando estos convenios empezaron a financiarse con unos 300 millones de euros anuales en 2006, el número medio de días de duración de una baja por enfermedad común (sin contra las provocadas por un accidente laboral) era de 37,5 días para el total del sistema, independientemente de si la entidad gestora era el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) o las Mutuas de Accidentes de Trabajo. Aquel año, se registraban alrededor de 30 procesos de baja por cada 1.000 asalariados que cotizaban por contingencias comunes.
Hoy en día, los datos acumulados hasta el mes de julio reducen el número medio de días de una baja por enfermedad común a 35,5 días, dos menos que en 2007. Y, sobre todo, se ha reducido 19,8 procesos de baja por cada 1.000 empleados protegidos por esta prestación, lo que supone diez trabajadores menos de baja por cada millar. Dicho esto, fuentes del sector reconocen que este descenso en el número medio de trabajadores a los que se les da de baja está muy condicionado por la caída del empleo. Con menos ocupación, menos trabajadores enfermos.
De ahí, que el indicador que más directamente se puede relacionar con los incentivos al control de este gasto, que es la duración media de las bajas, apenas ha descendido en un par de días.
En términos económicos, en 2006 el gasto en bajas ascendía a 7.253 millones anuales. Esta partida ha ido representando un ahorro medio anual de unos 260 millones de euros entre 2006 y 2013 –ya que los dos primeros años de aplicación de estos convenios siguió aumentando el gasto– y se prevé un nuevo ahorro de 149,8 millones para 2014.
De esta forma, desde que existen estos convenios, las arcas públicas acumulan un ahorro en prestaciones por IT de unos 2.000 millones de euros. Una cantidad incluso inferior a los incentivos pagados en los propios convenios (2.694 millones).
Pero ha sido en 2013 cuando los responsables del Ministerio de Empleo esperan un mayor ahorro, ya que frente a un aumento del gasto inicialmente previsto de 470 millones, el avance de liquidación del presente ejercicio estima una caída del coste de estas prestaciones de 331 millones. Esto supondrá un ahorro de 800 millones respecto a lo presupuestado para 2013 en un principio.
Este importante aumento del ahorro previsto, tiene que ver, según fuentes de este Departamento, con dos novedades. Por un lado, la citación de reconocimientos médicos a personas que han superado la duración estándar de la patología por la que están de baja. Y, por otro, el endurecimiento de las condiciones de estos convenios para 2013-2016, en los que se vincula el acceso al 40% de los créditos a la consecución de objetivos en materia de coste por afiliado y mes o días de baja por afiliado.
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