Patronal y sindicatos piden 10.000 millones más de inversión
Con esta inyección en dos años se podría reactivar la ejecución de obras paralizadas y crear 180.000 empleos
En el documento Foro del ciclo integral de la construcción hacen una radiografía de esta actividad y de los estragos causados por la crisis. Más de 1,2 millones de empleos destruidos en empresas constructoras, más de 300.000 entre los fabricantes de materiales, otros 50.000 en las ingenierías y estudios de arquitectura y varias decenas de miles en almacenistas y otros gremios de la construcción. “Son la escueta descripción de una tragedia real”, afirma el informe.
A este dramático balance se ha llegado, entre otras causas, por el desplome habido en las cifras de licitación pública, que han disminuido una media del 42% anual desde 2008, fecha del estallido de la crisis. Es decir, que las distintas administraciones han pasado de contratar obras por valor de unos 40.000 millones de euros en 2007 a poco más de 7.000 millones en 2012, último dato disponible.
¿Cómo revertir esta situación? Los firmantes de este documento tienen una propuesta. Sugieren que en los presupuestos de 2014 se contemple una partida adicional de unos 3.500 millones de euros y en las cuentas de 2015 otros 6.500 millones.
Con esta aportación de 10.000 millones, consideran que se podría reactivar la ejecución de obras hoy paralizadas, detener la sangría de la afiliación e inyectar liquidez a las empresas en difícil situación. “Se podrían licitar nuevas obras que contribuirían a salvar buena parte del tejido productivo”, aseguran fuentes del sector. En términos de empleo, esos 10.000 millones serían capaces de generar unos 180.000 puestos de trabajo.
¿A qué deberían destinarse esos recursos? Patronal y sindicatos proponen el desarrollo de un plan de infraestructuras que giraría en torno a tres ejes fundamentales. El primero sería el de potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril, sin descuidar otros modos de transporte y anticipando sobre todo la ejecución de los cinco grandes corredores (Mediterráneo, Central, Atlántico, Cantábrico-Mediterráneo y Atlántico-Mediterráneo).
El segundo debería resolver el déficit existente en las infraestructuras del ciclo integral del agua. Y el tercero, apuesta por completar la modernización, conservación y mejora de las redes viarias de autopistas, autovías y carreteras. Asimismo, el informe prevé un amplio plan de equipamientos sociales en el ámbito hospitalario.
Pero además de estas propuestas, hay otras dos cuestiones que preocupan y mucho al sector. La primera es la elevada morosidad, para la cual reclaman que se arbitren “medidas financieras y presupuestarias que permitan la liquidación de deudas pendientes con la Administración”.
Ponen como ejemplo de esas iniciativas, la posibilidad de reconocer a cualquier empresa, y no solo a las pymes y autónomos, la posibilidad de liquidar deudas tributarias con el Estado mediante la dación en pago de créditos reconocidos y vencidos con cualquier otra Administración o poder suspender el ingreso del IVA devengado mientras las deudas vencidas y en mora de las administraciones no se liquiden.
Y la segunda de sus pesadillas es alejar las dudas que arroja sobre el sistema concesional la falta de resolución definitiva del conflicto de las autopistas de peaje en quiebra.
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