Dos sindicalistas de CC OO y uno de UGT, detenidos

Magdalena Álvarez, imputada por prevaricación y malversación

 

La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Ayala, ha imputado sendos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Álvarez.

Tras comunicar a Álvarez los hechos que se le imputa, la jueza ha comenzado el interrogatorio en un ambiente de “tranquilidad” y “plenamente normal, sin tensión alguna”, según los abogados personados en la causa.

La magistrada le ha preguntado, para comenzar, sobre el sistema de las transferencias de financiación utilizado para el pago de las ayudas investigadas, y Magdalena Álvarez le ha contestado que dicho sistema no lo inventó ella, sino que “es una transposición de normas españolas” y que “ya existía” en otras comunidades autónomas españolas.

Según las fuentes, la imputada está contestando 'no' a la mayoría de las preguntas de la magistrada. Y negó haber recibido presiones para permitir el sistema de los ERE y conceder las ayudas para solucionar la tensión social en empresas en crisis.

En el auto del pasado mes de junio donde la imputó junto a otros 19 cargos o exaltos cargos, la instructora dijo que la exconsejera “fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la orden de 4 de junio de 2003”, no obstante lo cual “la transferencia de financiación venía utilizándose para el pago de ayudas sociolaborales desde 1999 a 2001, anualidades en las que las citadas transferencias no se citaban en las leyes de presupuestos como concepto de financiación, pero los créditos para pagos de las ayudas sociolaborales a través de las citadas transferencias se realizaban mediante modificaciones presupuestarias”.

La juez recuerda que, conforme a la Ley, “corresponde al consejero de Hacienda velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos económicos de la hacienda de la comunidad, ejerciendo las acciones económico-administrativas y cualquiera otras que la defensa de tales derechos exijan, con respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia”, motivos por los que imputó tanto a Álvarez como a su entonces viceconsejero, José Salgueiro, que se acogió el pasado jueves a su derecho constitucional a no declarar.

Nueva redada

Por otra parte, la Guardia Civil ha detenido hoy a ocho personas  en la segunda fase de la operación Heracles relacionada con el fraude en los ERE subvencionados por la Junta andaluza, que se desarrolla en ocho provincias españolas (Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Jaén, Madrid, Barcelona y Segovia), según ha avanzado la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo.

Entre los detenidos están el exsecretario de Desarrollo Industrial de CCOO-A Roberto Carmona; el secretario general de la UGT de Cádiz, Salvador Mera, y el exsecretario de Organización de Industria Textil de CCOO de Andalucía Juan Antonio Florido.

También han sido arrestados el empresario José María Sayago, vinculado con la trama de ayudas a las empresas de la Sierra Norte de Sevilla, y Enrique Rodríguez, exgerente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en Sevilla y actualmente responsable del área de Empleo e Innovación de la Diputación de Sevilla.

Igualmente, ha sido detenido Ángel Quesada, director de un complejo hotelero de la localidad malagueña de Torremolinos, y, además, es vicepresidente de la patronal hotelera de la Costa del Sol (AEHCOS) en la zona de Torremolinos.

En un comunicado, la Guardia Civil ha informado de que los delitos investigados se refieren a irregularidades en la concesión de las ayudas a empresas por parte de la administración, a miembros de sindicatos que habrían favorecido la tramitación y a empresarios que habrían obtenido de forma irregular fondos públicos dedicados a las empresas.

Igualmente, se investiga la implicación de distintos profesionales de banca en presuntas actividades vinculadas al blanqueo de capitales, relacionadas con las referidas tramas.

Esta operación, que se enmarca en las diligencias instruidas por la juez Mercedes Alaya, es fruto de la documentación recabada en la primera fase de la operación, “de donde se obtuvieron nuevos datos que apuntaban a personas que habrían participado en los delitos investigados”, según el comunicado.

Además, fuentes de la investigación han informado a Efe de que la Guardia Civil está registrando la vivienda del exconcejal del PSOE en El Pedroso (Sevilla) José Enrique Rosendo, y se apunta que podría ser otro de los detenidos.

 

 

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