Una reforma para poder seguir pagando pensiones
En 2014, las pensiones ya no se revalorizarán con el IPC Los sindicatos alertan que los pensionistas perderán un 28% de poder adquisitivo
El Consejo de Ministros aprobó este viernes el Anteproyecto de Ley que introducirá dos importantes cambios en el sistema de pensiones. Con este visto bueno, el texto legal llegará el lunes al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria.
Estos dos cambios consisten en la creación de dos factores que se aplicarán sobre el gasto en pensiones para contener su incremento, marcado, por un lado, por el envejecimiento poblacional y por otro lado, por la pérdida de ingresos generada por la merma de cotizantes debida a la destrucción de empleo y a una tasa de natalidad insuficiente.
“En la última década el número de pensionistas ha crecido en un millón y se prevé que cada año haya 100.000 pensionistas más, por ello, el objetivo de esta reforma es garantizar las pensiones a medio y largo plazo”, resumía el viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría tras la reunión del Consejo de Ministros.
Según la propuesta del Ministerio de Empleo –que fue elaborada tomando como base el polémico informe elaborado por un grupo de expertos–, el primero de estos dos factores que entrará en vigor inmediatamente, el 1 de enero próximo, cambiará la fórmula por la que hasta ahora se revalorizaban las pensiones cada año, en función de la inflación del mes de noviembre.
¿Cómo me afectarán los futuros cambios?
P¿A quién afectarán los cambios del sistema de pensiones que propone el Gobierno?
R Las dos novedades del anteproyecto de ley entran en vigor en distinta fecha y, por lo tanto afectan a distintos colectivos. El nuevo factor de revalorización anual se aplicará a todas las pensiones vigentes a partir del 1 de enero de 2014. Y desde esa fecha, también para actualizar en años posteriores las cuantías de todos los nuevos pensionistas que vayan accediendo al sistema. Esto afecta a todas las pensiones vigentes y futuras. El factor de sostenibilidad, sin embargo, no entrará en vigor –según la propuesta del Ejecutivo– hasta el 1 de enero de 2019. Entonces se aplicará para calcular las cuantías de las nuevas pensiones que se den de alta a partir de ese año. No afectará, por tanto a las pensiones vigentes con anterioridad a esa fecha.
P¿Bajan las pensiones con esta reforma?
R El factor de sostenibilidad no podrá recortar la cuantía nominal de las prestaciones. Ni siquiera podrá congelarlas. Las cuantías deberán siempre subir un mínimo del 0,25% anual. Sin embargo, los pensionistas sí podrán perder poder de compra, si la subida resultante de la nueva fórmula de revalorización es inferior al IPC. El factor de sostenibilidad sí podrá recortar la cuantía inicial de las nuevas pensiones que se den de alta a partir de ese año. Solo hará falta que aumente la esperanza de vida media del pensionista.
P¿Cuando se sabrá lo que suben las pensiones cada año?
R En el momento de elaboración de los Presupuestos anuales, cuando el Gobierno calcule la fórmula de revalorización.
P¿Hay posibilidades de que la propuesta cambie?
R Sí. El anteproyecto de ley que empezará a tramitarse el lunes en el Parlamento admitirá enmiendas de los grupos parlamentarios. Además el Ministerio de Empleo sigue un proceso de negociación con sindicatos y patronal. La futura norma podría verse modificada por cualquiera de estas dos vías.
P ¿Con los cambios que persigue el Ejecutivo se garantiza que no serán necesarias más reformas en un futuro?
R No. Un empeoramiento de la economía desbarataría una de las patas de la ecuación y mermaría aún más los ingresos del sistema. Es más, el informe de los expertos al que el Ministerio de Empleo encargó una evaluación del sistema y una propuesta de diseño de la reforma aseguraba que, a pesar de poner en marcha los dos nuevos factores para controlar el gasto, a medio plazo deberían hacerse nuevas reformas paramétricas del sistema o rebajar el porcentaje del último salario al que equivale la cuantía de la pensión.
El nuevo índice de revalorización que propone el anteproyecto de ley fijará cada año la cuantía en la que subirán cada año las pensiones a partir de ahora. Esta cuantía será el resultado de una complicada fórmula matemática que tendrá en cuenta los siguientes datos: el importe de los ingresos y los gastos del sistema de la Seguridad Social yla tasa de variación anual del número de pensiones contributivas. En ambos casos estas cifras se calcularán tomando una media móvil de los cinco años anteriores, el año en curso, y la previsión que haga el Gobierno para los cinco años siguientes.
Asimismo, la fórmula incorporará la evolución del efecto sustitución, que consiste en la variación interanual de la pensión media del sistema de cada año, antes de aplicarle la revalorización. Finalmente, se considerará un último elemento de cálculo denominado velocidad de ajuste: es el número de años –fijado en tres o cuatro– en los que cada Gobierno podrá trasladar el esfuerzo presupuestario, según haya déficit o superávit.
Tomando todos estos elementos, la fórmula matemática arrojará un porcentaje de subida o bajada de pensiones para el año siguiente. Si bien, sea cual sea el resultado, la ley fijará un suelo y un techo. Así, las pensiones siempre tendrán que subir un mínimo del 0,25% y nunca podrán superar una subida igual al IPCdel año anterior más un 0,25%. Con ello, la ley, si saliera adelante en estos términos, impediría a cualquier Gobierno congelar las pensiones o bajarlas en términos nominales.
No obstante, esta fórmula no impedirá que las pensiones crezcan por debajo de la inflación, con lo que los pensionistas podrán perder poder adquisitivo. Esto es precisamente lo que más críticas ha despertado. Según ha calculado el PSOE, esta fórmula podría reportar una pérdida de un 20% de este poder de compra en los próximos diez años. En parecidos términos desde el sindicato CC OO estiman que las pensiones podrían devaluarse entre un 14,8% y un 28,3% a lo largo de los próximos quince ejercicios.
El ahorro empieza en 2014
Ante esta situación, los miembros del Gobierno no se cansan de asegurar que esto no tiene por qué ocurrir así;y que si la economía va bien las pensiones podrán subir hasta un 0,25% más que la inflación, ganando poder adquisitivo.
Si bien, la memoria económica de este anteproyecto prevé que las revalorizaciones que podrá permitirse la economía española supondrán un ahorro para el sistema de Seguridad Social de 12.540 millones de euros hasta 2018. O lo que es lo mismo, los pensionistas recibirán 12.540 millones menos que si sus pensiones se hubieran seguido revalorizando con la fórmula actual del IPC de noviembre. En total el ahorro estimado con la aplicación de toda la reforma es de 33.000 millones hasta 2019.
El segundo de los factores novedosos que incluye el anteproyecto es el denominado de sostenibilidad. En este caso, el Gobierno ha respetado la propuesta de los expertos y ha retrasado la entrada en vigor de este factor a 2019. Consistirá en un coeficiente que se aplicará en el momento de calcular la cuantía de la primera pensión de los nuevos pensionistas que se den de alta en el sistema a partir del 1 de enero de 2019.
Ese coeficiente se sumará a los parámetros ya existentes en la ley para calcular la pensión inicial (edad de jubilación, número de años cotizados, cantidad aportada etc.) y relacionará la cuantía de la prestación con la esperanza de vida del perceptor en el momento de cumplir 67 años. Este factor se revisará cada cinco años en función de la evolución de la esperanza de vida cada lustro.
De esta forma, cuanto más crezcan las medias de esperanza de vida, más recortada se verá la pensión inicial de los nuevos jubilados a partir de 2019. De hecho, según el grupo de expertos nombrado por Empleo para diseñar esta reforma, las nuevas prestaciones podrían recortarse un 5% nominal cada diez años. No obstante, si la base media de cotización del sistema (ingresos) aumentara por encima del 5% en ese mismo periodo, la pensión real aumentará en lugar de disminuir.
La futura ley aún puede cambiar
Esta propuesta de reforma entrará este lunes en el registro de la Cámara Baja, donde debido a su mayoría absoluta, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no necesitará el apoyo de los partidos de la oposición para sacarla adelante. Sin embargo, dado que se trata de un tema tan trascendental socialmente como las pensiones, desde el Gobierno se hace mucho hincapié en la necesidad de llegar a un consenso. Esto no será fácil, ya que la propuesta de Empleo ha suscitado numerosas críticas, sobre todo de parte de la izquierda política y sindical. Pero el rechazo a estos cambios no solo llega de estos sectores, sino que también los representantes empresariales de CEOE, que de forma sorpresiva apoyaron el jueves en el del Consejo Económico y Social (CES) un duro dictamen contra la reforma diseñada por el Gobierno.
Dicho esto, Sáenz de Santamaría reiteró el viernes que el anteproyecto de ley “no es el fin del diálogo” y añadió que el Ejecutivo esta dispuesto a aceptar cambios en el trámite parlamentario o en el diálogo con patronal y sindicatos.
Planes privados, lo siguiente
La reforma de pensiones que introduce los nuevos factores de revalorización y sostenibilidad y que el Gobierno quiere que esté aprobada y en vigor antes de fin de año no será la última que afecte a la protección social en esta legislatura. Con toda probabilidad el Ejecutivo prevé incorporar en la futura reforma fiscal que diseñará el próximo año algunos cambios que afectarán a los fondos y planes de pensiones de carácter privados.
Fuentes del sector aseguran que una parte del Gobierno estaría dispuesta, incluso, a obligar a todas las empresas a que tuvieran un plan colectivo de pensiones (planes de empleo) y que sea opción del trabajador sumarse o no. Las ventajas para los trabajadores respecto a un plan individual serían menos costes de gestión y más rentabilidad. En este terreno, el sector de la previsión social complementaria ha reclamado al Ejecutivo que mejore los actuales incentivos fiscales a las empresas y a los beneficiarios de estos fondos. En concreto, reclaman, por ejemplo, la recuperación de la deducción en el impuesto de sociedades por esta materia;o que aumenten los casos en los que el plan de pensiones se puede rescatar.
Asimismo, plantean que se elimine el doble límite en la cantidad deducible que se aplica a los beneficiarios de más de un plan privado de pensiones. Estas mismas fuentes consideran que el Gobierno debería incentivar el cobro de estos fondos en forma de renta; estableciendo un tipo fijo de tributación con una parte exenta de pago.
Sin embargo, fuentes cercanas al Ejecutivo destacan la dificultad de hacer obligatorios estos planes en las empresas y recuerdan el compromiso que se limita a que informen de la existencia de esos planes. También recuerdan que el Ministerio de Empleo comunicará desde el año que viene a los mayores de 50 años sus expectativas de pensión para que puedan planificar si les conviene adquirir un fondo privado.
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