Los expropiados no han de ir a los procesos concursales de las autopistas
Ana Pastor, ministra de Fomento.
Ana Pastor, ministra de Fomento.

La justicia presiona a Fomento para el pago urgente de expropiaciones

Las obligaciones de las autopistas quebradas superan los 2.000 millones

Los tribunales estrechan el cerco sobre el Ministerio de Fomento en el caso de las expropiaciones, sin pagar aún, que facilitaron la construcción de un ramillete de autopistas cuyas concesionarias han ido a concurso de acreedores. El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, viene defendiendo que los dueños de los terrenos que fueron a manos de la Administración hace más de una década se sumen a los concursos para recibir su dinero. Pero el Tribunal Supremo se opuso a ello en junio de 2012 y ahora el TSJM da fuerza a esa posición a través de un auto de ejecución de sentencia que ha sido notificado esta misma semana a las distintas partes.

Los expropiados, según el auto, deben cobrar en un plazo de dos meses desde la notificación, con lo que la deuda quedaría saldada antes del cierre del ejercicio. “No se concilia ni con el principio de legalidad, ni con el principio de responsabilidad jurídica, abocar al propietario de la finca expropiada y ocupada pero cuyo precio no se ha satisfecho a someterse a la incertidumbre de un procedimiento concursal, ya que esto implicaría que la Administración ha eludido con éxito su responsabilidad”, cita el auto en uno de los fundamentos de derecho. La Sala ha tratado de evitar “las vicisitudes e incertidumbres” de un concurso para los afectados, así como la “eventual lesión al patrimonio del expropiado” en un nuevo proceso.

Esta ratificación de sentencia está relacionada con demandas de expropiados por la autopista madrileña Radial 3 y un tramo de la circunvalación M-50 cercano a Vallecas. Pero el problema de los impagos de expropiaciones afecta a la mayoría de las siete autopistas españolas en concurso (Radiales 3 y 5, Radial 2, Radial 4, Madrid-Toledo, etcétera). La deuda acumulada roza los 2.300 millones, según cálculos del sector, debido a que los dueños del suelo pidieron justiprecios ante los tribunales que multiplicaron por cinco el importe global inicialmente previsto. El resultado fue una desviación de 1.800 millones sobre los presupuestos de licitación que recaen sobre las concesionarias.

Al reconocerse insolventes los pagos quedan en suspenso, y es ahí cuando la justicia entiende que debe declararse la responsabilidad patrimonial de la Administración como propietaria del suelo.

“Hay expropiados que llevan años esperando una resolución, algunos incluso han fallecido”, comenta José Manuel Serrano Alberca, abogado experto en Derecho urbanístico y expropiatorio, presente en distintos litigios con la Administración en defensa de los propietarios del suelo. Bajo su punto de vista, “no tiene sentido que se les pida que acudan al concurso y puedan perder, en la quita, parte de un justiprecio que realmente es inviolable por Ley. Ahora queda claro que es la Administración quien debe pagarles, con independencia de los concursos de las concesionarias”.

RPA, una figura con 60 años en las leyes españolas

La responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) viene reflejada por primera vez en la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 (artículo 121). Además de encontrar hueco en la Constitución, la RPA también se recoge en la Ley 30/92, entre otras.

Para el TSJM “es claro” que la Administración, como titular de la potestad expropiatoria, “es garante de que el procedimiento termine con el pago del justiprecio en el plazo señalado”. El Reglamento de Expropiación, en su artículo 5, adosa al beneficiario de la expropiación (en este caso la concesionaria) la obligación de pago. Pero eso no exime a la Administración de la RPA.

El auto que obliga a Fomento a pagar por el suelo de la R-3 y parte de la M-50 también se refiere a la Ley 25/1988 de Carreteras y la 8/1972 de Construcción, Conservación y Explotación de Autopistas en Concesión, para citar que los dominios que quedan afectados a una concesión de autopistas se incorporan al Estado.

El suelo, el gran lastre de las concesionarias quebradas

El precio que se fijó en los tribunales para las expropiaciones es uno de los problemas más graves que subyace en la crisis de las autopistas españolas. Se tasaron terrenos, muchos de ellos rústicos, por sus expectativas de desarrollo y su valor se multiplicó en algunos casos hasta por 30.

Solo en la decena de autopistas en riesgo de quiebra, la mayoría de ellas ya en concurso de acreedores, Fomento fijó un presupuesto de 425 millones para expropiaciones. Una cifra que era digerible para las concesionarias hasta que las sentencias fallaron a favor de los expropiados y la factura se disparó a más de 2.000 millones.

La interposición de recursos ha sido toda una patada adelante para un problema que, finalmente, recae en la Administración ante la situación concursal de las concesionarias.

Fomento lleva meses preparando la nacionalización de nueve autopistas. La nueva empresa nacional pediría un crédito por 1.200 millones para pagar expropiaciones pendientes.

Normas
Entra en El País para participar