Fomento se resiste a mejorar su plan para el rescate de autopistas
Sin acuerdo sobre el plazo para los 500 millones en pagos pendientes a las constructoras El Gobierno insiste en ceder solo el 20% del capital de la nueva compañía pública
Concesionarias y constructoras se han encontrado con un auténtico muro en Fomento en lo que respecta a la nacionalización y reflotamiento de las nueve concesionarias de autopistas al borde de la liquidación. Una situación que acaba de agravarse con la enésima entrada en concurso de una de esas infraestructuras: la Radial 2, que participan ACS, Abertis, Acciona y Bankia y que ha suspendido pagos con 400 millones de deuda.
Tras dos meses que han sido prácticamente inhábiles en lo que toca a esta cuestión, julio y agosto, las partes retomaron la semana pasada las negociaciones para definir cómo se forjará la nueva Empresa Nacional de Autopistas. Fuentes conocedoras de este acercamiento aseguran que Fomento no se mueve ni un ápice de su postura inicial.
La propia ministra Ana Pastor reiteró la semana pasada en una entrevista en TVE que su equipo está estudiando “alternativas sin poner dinero del Estado” para mantener estas infraestructuras. Entre las opciones destaca la creación de una empresa pública que las gestione, aunque existen otras salidas en la recámara.
Para el asunto de la nacionalización, Fomento se apoya en un informe de Ernst & Young que concesionarias y constructoras trataron de contrarrestar con otro de Deloitte. El esquema que defiende el Gobierno pasa por una empresa que englobe las nueve concesionarias: M-12 Eje Aeropuerto, Henarsa (Radial 2), Accesos de Madrid (Radiales 3 y 5), Autopista Madrid Sur (Radial 4), Madrid-Levante (AP-36 Ocaña-La Roda), Aucosta (Cartagena-Vera), Madrid-Toledo (AP-41), Ciralsa (circunvalación de Alicante) y Ausur (Alicante-Cartagena).
Hasta aquí todos de acuerdo. Pero Fomento y empresas difieren en la valoración, en el reparto de capital y, muy especialmente, en el plazo en que la nueva ENA pagaría a las constructoras por obras acometidas por 500 millones y aún por cobrar.
Fomento valora la futura empresa nacional en 608 millones y repartiría entre los actuales accionistas de las concesionarias el 20% del capital, reservándose la titularidad sobre el 80% restante. También reconoce la citada deuda con las constructoras pero atendería al pago de los 500 millones en el trigésimo año de funcionamiento del grupo público. El hecho es que detrás de las concesionarias están los bancos con créditos multimillonarios que soportaron los proyectos. En este caso, el ministerio ha acordado con casi 30 entidades englobar todas las deudas en un tramo de 3.700 millones a un tipo medio del 2,6% y obtendría otros 1.200 millones de crédito al 6% para terminar de afrontar las expropiaciones pendientes. La amortización de ambos créditos se llevaría 30 años, a partir de lo que cobrarían las constructoras.
Desde la patronal Seopan se ha defendido como prioridad que una decena de compañías cobren por unas obras realizadas en el pasado y que lo hagan en los seis primeros años de funcionamiento de la concesionaria pública. Además, el frente empresarial tasa las nueve concesionarias en 2.600 millones, cifra sobre la que están dispuestos a aceptar una quita del 50%, hasta los 1.300 millones. Sobre ese capital reclaman el 49%.
Al respecto, Fomento viene advirtiendo que con la nacionalización de autopistas todos tendrán que ceder algo: los accionistas, parte del capital; los constructores, prácticamente el cobro de las obras por liquidar, y la banca, debe flexibilizar el crédito. Fuentes del sector hablan ya de todo un plato de lentejas servido por el ministerio.
Medio centenar de bancos y 23 constructoras
Accionistas
Bancos, constructoras y concesionarias están detrás del capital de las autopistas quebradas en España. Ferrovial, Abertis, OHL, ACS, Acciona, Sacyr, Isolux y Globalvía son algunas de las firmas de infraestructuras afectadas. Muchas de ellas, como Abertis y Ferrovial, tienen provisionadas sus participaciones en este tipo de activos.
En total, la situación crítica de las concesionarias quita el sueño a 52 bancos, 23 constructoras y varias firmas especializadas en la explotación de peajes.
Los créditos
La M-12 madrileña tiene un préstamo de 280 millones firmado a largo plazo con Banesto, Bankia y RBS. De la Radial 2, recién entrada en concurso, cuelgan 420 millones a 22 años vista.
Las radiales 3 y 5 fueron a concurso con 660 millones prestados por 30 acreedores.
La autopista Ocaña-La Roda se ejecutó gracias un crédito de CaixaBank, Santander, Sabadell, HSBC y Deutsche Bank, entre otros. Esta última quebró con 522 millones.
La Radial 4 no fue capaz de refinanciar 575 millones.
La autopista Madrid-Toledo abrió la avalancha de suspensiones de pagos con 380 millones de deuda, liderada por el Santander.
En la Cartagena-Vera los bancos y demás acreedores tienen pendientes de cobro 550 millones, que también se dirimen en concurso.
La circunvalación de Alicante arrastra 240 millones de deuda y la autopista Alicante-Cartagena debe 214 millones a la banca.
Los negociadores
Constructoras y concesionarias han unido intereses en su negociación con Fomento y han dado la representación a la patronal Seopan. En cuanto a los bancos, la voz cantante la llevan La Caixa, Bankia, Santander, BBVA, Sabadell y Popular.
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