Editorial

Austeridad, pero también estímulo

Tras un duro año marcado por la fuerte caída de la inversión pública, las Administraciones españolas afrontan un 2014 en el que el control del gasto seguirá siendo el principio rector de gestión. Si en 2012 ese capítulo descendió hasta el 1,7% del PIB, la cifra más baja de los últimos treinta años, en 2014 no hay grandes planes de cambio. Desde el Ministerio de Hacienda se recuerda con razón que España sigue obligada a cumplir con los objetivos de ajuste fiscal impuestos por Bruselas. Unos compromisos que obligan a rebajar el déficit público desde el 6,98% registrado el año pasado hasta el 2,8% pactado para 2016. A estas alturas es difícil poner en duda la necesidad de sanear las cuentas de la Administración. Un saneamiento que ha liderado el Estado central y que han seguido –de forma obligada y a regañadientes en buena parte de los casos– tanto comunidades autónomas como ayuntamientos. El resultado de ese esfuerzo ha sido contundente: una caída del gasto público del 61% en el periodo que media entre 2009 y 2012. Una verdadera cura de choque que todavía no ha finalizado y cuya intensidad y velocidad es diferente en las distintas regiones y municipios.

El Gobierno central dispone de un margen para elevar el gasto del que carecen el resto de las Administraciones, dado que en 2014 solo debe rebajar su déficit del 3,8% al 3,7%. Un margen que el Ejecutivo quiere mantener como una suerte de colchón para compensar las posibles –y probables– desviaciones del resto de las Administraciones. El mensaje desde el Gobierno es claro: de producirse algún incremento en el gasto, este será mínimo. Y, sin embargo, ese margen –por pequeño que sea– tiene una importancia capital en un momento en el que comienzan a aparecer signos de mejora económica en el horizonte. El Gobierno acaba de anunciar la posibilidad de revisar el dato de crecimiento previsto en 2014 –que en este momento es del 0,5% del PIB– y el conjunto de la eurozona ha confirmado oficialmente la salida de una recesión que ha durado año y medio.

Son datos esperanzadores que no permiten todavía augurar que la crisis ha terminado, pero que suponen una oportunidad para comenzar a poner las bases del futuro crecimiento. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, adelantaba el miércoles que los Presupuestos Generales del Estado de 2014 incluirán un aumento de la inversión en I+D+i. La decisión constituye, sin duda, un síntoma de la mejor salud de nuestras cuentas públicas. Pero debería ser también la confirmación de que se acerca el momento de abordar una asignatura que lleva mucho tiempo pendiente: el diseño de un nuevo modelo productivo en el que la investigación y la innovación ejerzan de motor de futuro.

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