Los SAP, un nicho de más de un millón de empleos
Tras el anuncio del Gobierno de poner en marcha un conjunto de iniciativas dirigidas a reducir el gasto público sobre la base de recortes en la administración, se echan de menos medidas dirigidas a solventar la preocupación principal de los españoles, el desempleo. Con una cifra de desempleados que alcanza el 26,8% de la población activa, resulta evidente la necesidad de adoptar medidas que permitan luchar contra la precariedad laboral, ofrecer posibilidades de empleo de calidad a los colectivos más desfavorecidos, permitir la floración de empleos sumergidos a la economía regulada y, en paralelo, ayudar a acelerar el proceso de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Esto significa que la Administración debe perseverar en el objetivo de identificar el mayor número posible de trabajadores empleados irregularmente pero con fórmulas equitativas que equiparen los precios de la economía sumergida con los costes de un trabajo legal de calidad.
Desde hace tiempo hemos venido hablando del papel que puede y debe representar el sector de los servicios a la persona (SAP) en este sentido. Hablamos del conjunto de servicios que contribuyen a un mayor bienestar de los ciudadanos mejorando sus condiciones de vida en el domicilio, el trabajo o los lugares de ocio, como son los servicios a la familia y el hogar y los servicios para la calidad de vida y la salud, referidos a los cuidados no prestados por el sector público a convalecientes, o personas con discapacidad o dependientes.
Un sector que toma mayor peso en el devenir diario de los hogares de nuestro país en tanto que el peso de la ayuda familiar es insuficiente para hacer frente a las necesidades de nuestra sociedad con una creciente población mayor de 65 años y mujeres incorporadas al ámbito laboral. Por eso, animo al debate y la reflexión sobre un sector que, según el informe que se realizó para la AESP, durante estos próximos años, tiene un potencial de creación de entorno a un millón de puestos de trabajo regulados, que en la actualidad se están prestando, mayoritariamente, desde la economía sumergida o informal, en situaciones precarias y sin ningún tipo de seguridad para los usuarios de dichos servicios. Con un correcto desarrollo del sector de los SAP, estimamos que se podrían crear, en un primer momento, al menos 500.000 puestos de trabajo regulados en España en los entornos tanto urbanos como rurales de toda la geografía nacional.
Para que el sector se desarrolle convenientemente son necesarias medidas fiscales y laborales que además de permitir la reducción de las cifras de desempleo y mejorar la calidad de los servicios prestados, no supongan ningún coste para la administración. Será necesario la aplicación de un IVA reducido para las actividades de este sector (hoy de ingresos prácticamente cero para el Estado), la incorporación de deducciones en el IRPF para los particulares que contraten de forma regulada estos servicios, la disminución de cotizaciones sociales para los empleadores del sector y deducciones en el impuesto de sociedades para aquellas empresas que aporten a sus empleados estos servicios como medio de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. El saldo neto en las cuentas del Estado a nivel presupuestario deberá ser neutro en el peor de los casos.
Las experiencias de los países de nuestro entorno muestran los beneficios de aplicar estas políticas. En concreto, en Francia la aplicación de estas medidas ha dado muy buenos resultados con la llamada Ley Borloo (Ley 2005/841, de 26 julio de 2005), que permitió el desarrollo del sector de los servicios a la persona incorporando cambios sustanciales en este. Se cambió la percepción respecto de un sector y de considerarse empleos de poca cualificación, a día de hoy se consideran servicios profesionalizados, ya sea directamente o a través de empresas que los aúnan.
Con esta ley se ha conseguido crear en torno a 400.000 puestos de trabajo en Francia en solo dos años y se ha reducido la economía sumergida en el sector. Tras constatar el éxito y viabilidad de las medidas adoptadas se han ido incrementado el catálogo incluyendo otros servicios como el cuidado en jardines o el servicio de peluquería en el domicilio. Hoy trabajan oficialmente en este sector en Francia más de 2,5 millones de personas, con excelentes resultados para las arcas del Estado a pesar de los menores costes sociales y deducciones fiscales con los que están primados.
Existe, por tanto, una oportunidad de eliminar la precariedad en un sector que presta servicios que ya son indispensables en la sociedad actual al tiempo que puede ser un motor de creación de empleo, de empresas y sirva para regularizar una industria que merece ser profesionalizada.
Javier Benavente Barrón, presidente de AESP (Asociación Española de Servicios a las personas).