El FROB acelera la subasta de NCG para engrasar la de Catalunya Banc
Las garantías sobre créditos fiscales y un posible saneamiento adicional son la clave.
Después de dos intentos fallidos por subastar Catalunya Banc, el último a comienzos de este mismo año, el FROB ha decidido dar un giro a su estrategia apostando primero por saldar Novagalicia para establecer un precedente de éxito. Aunque el sino de la operación depende de muchos factores, principalmente de los incentivos con que el Estado acompañe la venta, el objetivo es aprovechar el mayor interés que despierta la entidad gallega para marcar un nivel de condiciones que allane el camino hacia el incierto traspaso de Catalunya Banc a manos privadas.
Así lo han entendido algunos de los potenciales postores de las subastas, a los que el FROB ya ha informado de que la venta de Novagalicia será prioritaria e inminente. BNP Paribas lleva todo agosto trabajando sin descanso con el objetivo de culminar el cuaderno de venta para distribuirlo en septiembre. A partir de ahí, comenzarían a recabarse ofertas para cumplir el calendario anunciado este fin de semana por el ministro de Economía, Luis de Guindos, y culminar la adjudicación de la firma en octubre.
El prolegómeno de la macrooperación lo marcará la venta de EVO, la marca bajo la que Novagalicia empaquetó su negocio fuera de Galicia, Asturias y León. El plazo para presentar ofertas vinculantes culminó hace ya dos semanas y su adjudicación al mejor postor es cuestión de días, según fuentes cercanas al proceso.
La venta de Novagalicia resultará más compleja pero genera más expectación. Tanto la gran banca española, con Santander, BBVA y CaixaBank a la cabeza, como un puñado de fondos internacionales liderados por Guggenheim, se han mostrado dispuestos a pujar.
El quid de la cuestión radica en las condiciones. Novagalicia ha sido saneada con 9.000 millones públicos, su carga tóxica se ha traspasado al banco malo y su plantilla se ajustó en casi 2.000 empleados a inicios de año.
Este verano, además, el FROB detuvo la adjudicación de su unidad inmobiliaria UGAS, sobre la que ya se habían posicionado inversores como Fortress y Lindorff, para mantenerla en la entidad y hacer el paquete más atractivo. Pero no parece suficiente. El sector mantiene un pulso estos días con el Gobierno para que acelere una normativa nacional sobre créditos fiscales –deducciones de impuestos sobre beneficios futuros a cuenta de pérdidas o provisiones pasadas– evitando que éstos se resten del capital principal, como Basilea III obligaría a hacer ya en 2014.
La jugada permitiría a los fondos aprovechar los 2.100 millones en créditos fiscales que tiene reconocidos la entidad e incluso más allá, hasta los 4.500 millones que acumula, si el adjudicatario es un gran banco.
Parece probable, sin embargo, que solo se permita computar una parte de los créditos fiscales, en principio los correspondientes a provisiones, por lo que los postores siguen presionando por algún tipo de ayuda adicional. Mientras el Gobierno rechaza volver a la fórmula del esquema de protección de activos (EPA), en el sector se habla de algún saneamiento previo adicional. Este podría llegar a finales de septiembre cuando la banca debe presentar al supervisor una reclasificación de sus préstamos refinanciados que aflore la mora oculta.
Sería una vez que las ventas de EVO y Novagalicia queden encarriladas cuando el FROB retome la de Catalunya Banc. Un calendario que desemboca en octubre, momento en que la entidad ya habría cerrado el ERE que acaba de plantear y N+1 tendrá listo el cuaderno de venta. Pese al interés de alguna firma internacional, el gran público objetivo es la banca española.
Esta cuenta con aprovechar los créditos fiscales de la firma después de que, revela algún postor, el Gobierno ya se ofreciera en la subasta anterior a garantizar al comprador el uso de hasta 5.500 millones que tenía Catalunya Banc a cierre de 2012, y de los que la entidad solo puede aprovechar 1.174. Ahora bien, si eso no bastó entonces, tampoco bastará ahora, por mucho que el FROB logre colocar Novagalicia en mejores condiciones, argumentan desde la banca, demandando un saneamiento adicional a los 12.000 millones públicos ya usados.