El Gobierno catalán prorroga los Presupuestos de 2012
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. REUTERS

La Generalitat prevé un recorte de 2.000 millones

La Generalitat ha dado luz verde a la prórroga de los Presupuestos de 2012, pero adaptados al nuevo objetivo de déficit del 1,58%, por lo que se prevé un recorte de 2.000 millones de euros. Una prórroga que busca dar oxígeno a los distintos departamentos de la Generalitat, que ahora ahora solo podían disponer del 86% de los recursos disponibles en las cuentas de 2012, y que ahora podrán disponer de un 91,4%.

El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, ha tildado este recorte de “excesivo” e injusto, y lo ha atribuido a la negativa del Gobierno central de conceder un mayor objetivo de déficit para Cataluña. 

Según el plan económico-financiero para 2013 que fue aprobado por el Ministerio de Hacienda, el Gobierno catalán ya ha hecho en la primera mitad de este año recortes del gasto que suman 1.681 millones, por lo que buena parte del ajuste está hecho, aunque Colell no ha precisado cuántos millones de euros faltan exactamente por recortar.

El pasado 6 de agosto el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ya comunicó su intención de prorrogar los presupuestos de 2012, en caso de que el objetivo de déficit se situara en el 1,58%, por debajo del 1,8% solicitado por Cataluña y que consideraba demasiado restrictivo para planteárselo.

La Generalitat trabaja desde principios de año con los presupuestos prorrogados de 2012, aunque las restricciones del gasto se han ido relajando paulatinamente, ya que en un principio la prórroga se adaptó al límite del 0,7% del PIB, un objetivo que más tarde se pasó al 1,2% y finalmente al 1,58% del PIB marcado para el conjunto del año.

La prórroga de los presupuestos permitirá además al Govern aplicar el ajuste salarial anunciado para los funcionarios, que como en 2012 volverán a perder el equivalente a una paga extra.

Además, el Govern ha remarcado que sigue cuestionando el reparto del déficit fijado por el Gobierno y por que mantiene su intención de abrir un contencioso administrativo con el Ejecutivo, al entender que ha vulnerado los principios de la ley de estabilidad financiera. 

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