Impulso a la intermediación laboral privada
Parados en una oficina de empleo de Madrid.
Parados en una oficina de empleo de Madrid.

Báñez incentivará a las ETT que empleen a discapacitados

Se destinarán 200 millones de euros en dos ejercicios

Cataluña, País Vasco y Andalucía, contrarias a la firma de acuerdos

Las empresas privadas de empleo percibirán un incentivo por insertar en el mercado laboral a personas con discapacidad y aquellas en riesgo de exclusión social. Asimismo, recibirán una compensación si los colocados se mantienen un año en su puesto de trabajo. Todo ello se enmarca en el contexto del acuerdo marco de colaboración entre estas entidades y los servicios públicos de empleo para ayudar a encontrar trabajo, según fuentes del Ministerio de Empelo.

Las ETT tienen de plazo hasta el próximo viernes para solicitar su participación en el acuerdo. Las entidades designadas se harán cargo de un determinado grupo de parados, a los que tratarán de insertar en el mercado de trabajo. Entre sus obligaciones se encuentra la de regular mecanismos de comunicación para notificar incumplimientos en las obligaciones de los trabajadores y de los solicitantes y beneficiarios de prestaciones por desempleo, en cuyo caso el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) procedería a una inspección. Si se derivara una sanción al trabajador, la agencia recibiría una compensación equivalente al 15% de lo que habría percibido por colocar al trabajador.

El Consejo de Ministros aprobó el 2 de agosto este acuerdo, que tiene por objeto complementar la intermediación de los servicios públicos de empleo en el mercado laboral mediante un sistema de colaboración con las empresas privadas. Según explicó la ministra de Empleo, Fátima Báñez, el modelo se basará en la eficiencia en la selección de las agencias, la eficacia en los servicios prestados y la evaluación y el seguimiento para identificar posibles vías de mejora de los servicios de intermediación.

Desde el Ministerio prevén que se destinen a los contratos basados en el acuerdo 200 millones de euros durante los dos años de su duración, prorrogables hasta otros dos, para el conjunto de los contratos efectuados por los servicios públicos. Este acuerdo cuenta con el respaldo de la mayor parte de las comunidades autónomas, que han manifestado su deseo de participar mediante la firma de los correspondientes convenios. Solo han expresado su rechazo Cataluña, País Vasco y Andalucía.

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