La crisis ha acabado con la mitad de los fabricantes de ladrillo en España
De 420 fabricantes se ha pasado a 220 empresas con actividad restringida Las filiales del grupo Sopasa se suman a una larga lista de suspensiones de pagos
La práctica desaparición de la promoción de vivienda nueva y el lento ritmo al que está despertando la rehabilitación tienen abocada a la industria de los materiales de la construcción a la práctica extinción. Y el problema es especialmente grave en lo que toca a los fabricantes de ladrillo y teja (cerámica estructural) ante las dificultades para exportar sus productos.
La comarca toledana de La Sagra y la localidad jienense de Bailén fueron años atrás máximos exponentes de un sector que se disparó con el boom inmobiliario. Pero desde 2008, la producción de las plantas de ladrillos en Bailén ha caído más de un 80% y en La Sagra se acumulan las instalaciones con hornos apagados y prácticamente reconvertidas en almacenes.
Los últimos datos de la patronal Hispalyt revelan que de los 430 fabricantes que operaban en 2007 en España sólo quedan activos 220. Estos producían 29 millones de toneladas al año, frente a los cinco millones del año pasado, y movían algo más de 1.500 millones de euros en comparación con una facturación estimada en 2012 de 285 millones. El ajuste, por tanto, no cesa.
En este contexto, se está desencadenando en los últimos días el concurso de acreedores de dos de los mayores exponentes del sector aún con vida en Toledo: Cerámica La Oliva y Tejas Castilla-La Mancha, ambas pertenecientes al grupo Sopasa La Mancha, controlado por la familia Ortiz Bravo. La gestión de las empresas permanece en manos de los propietarios mientras el administrador concursal, el abogado de Toledo Luis Gómez de las Heras, recoge hasta finales de este mes la comunicación de créditos por parte de los acreedores.
Un goteo incesante
l El paso de ir voluntariamente al concurso de acreedores ha sido dado anteriormente por fabricantes de ladrillos y tejas como los grupos toledanos Ceratres y Cerámica Técnica de Illescas, vecinos de comarca de Cerámica La Oliva.
En otros lugares de España suspendieron pagos en los últimos años empresas como las gallegas Portomarín y Productos Ulla, la malagueña El Prado, la jienense Alcalá Villalta o Ballesmar en Castellón.
El pasivo está por ver. La matriz acumulaba deudas cercanas a los 30 millones, la mayor parte con entidades financieras al cierre de 2011 (últimas cuentas depositadas ante el Registro Mercantil). Fuentes cercanas al proceso comentan que han suspendido pagos cinco sociedades del grupo y están por solicitar el concurso otras dos. Sopasa queda por el momento al margen, pero todas sus filiales relacionadas con los materiales de construcción presentaron pérdidas en el citado 2011 hasta rozar los seis millones en rojo. Una cifra de dura digestión para una mediana empresa.
Un producto de difícil colocación en el exterior
Los fabricantes de ladrillo y teja ven en la exportación unas de las últimas tablas a las que agarrarse para evitar el hundimiento. Pero la labor no es fácil. Europa tiene grandes instalaciones dedicadas a estos materiales y la competencia prolifera en el norte de África.
La propia Cerámica La Oliva viene participando en numerosas ferias del sector fuera de España, las últimas antes del verano en Egipto Libia y Catar, pero más del 95% de sus ingresos son cosechados en el mercado español. Portugal, Taiwan, Marruecos, Arabia Saudí o Catar han sido algunos de los destinos de sus tejas.
La patronal de los productores de cerámica estructural, Hispalyt, explica que el producto verdaderamente exportable es la teja, pero en todo 2012 el sector apenas alcanzó unas ventas exteriores de 15,4 millones. El esfuerzo actual pasa por aumentar esa cifra y solo de enero al mes de abril las exportaciones de tejas suman 12,5 millones.
En este contexto de máxima gravedad para los productores, la solución por el momento ha pasado por aguantar el ciclo de sequía concentrando la producción en determinados meses del año. Pero el aluvión de concursos de acreedores ha sido inevitable.
Los fabricantes se quejan de un último revés: la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidadn Energética. Esta afecta a la actividad de la cogeneración “reduciendo hasta casi eliminar la rentabilidad de las inversiones realizadas en materia de eficiencia energética”.
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