El juez cesa a la administración concursal de Teconsa
Deloitte y la Agencia Tributaria son los nuevos administradores
Los administradores concursales de Teconsa, la constructora creada por la familia Martínez Núñez, han sido cesados por decisión del juez Jesús Alemany Eguidazu en un auto elaborado la pasada semana. La decisión del magistrado del mercantil número tres de Madrid pone en entredicho la labor no sólo de los abogados cesados sino también del anterior juez encargado, hasta este año, del concurso de Teconsa, Antonio Pedreira González. Se trata de una medida totalmente inusual en el funcionamiento de los procesos concursales en España calificada ya por expertos en la materia como un escándalo concursal.
Teconsa, controlada por José Martínez Núñez y sus hijos, José Luis y María Isabel Martínez Parra, se declaró en concurso a finales de 2009. La compañía, con fuerte implantación en Castilla-León, Galicia y Madrid, había llegado a registrar en 2007 un volumen de negocio de 427 millones y un beneficio de 9,9 millones. Prácticamente al mismo tiempo que la empresa era declaraba en concurso, los Martínez Núñez traspasaron el grupo a Ángel de Cabo, el español al que más alta fianza se le ha impuesto nunca para evitar la cárcel, 50 millones de euros (De Cabo está en prisión desde diciembre acusado de varios delitos en relación con el caso Marsans, por el que también ingresó en la cárcel Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE).
En el auto, al que ha accedido este diario, el juez expone los motivos por los que decide tomar una medida tan drástica como la de cesar a los administradores concursales. En primer lugar la omisión de solicitud de suspensión de facultades. El magistrado recuerda que en casos como Marsans o Nueva Rumasa, también adquiridas por De Cabo, los administradores nombrados por los distintos jueces reclamaron la suspensión de las facultades de De Cabo como administrador de las concursadas, lo que no ha sucedido en el caso de
Teconsa.
Martínez Núñez traspasó Teconsa a finales de 2009 a una sociedad de Ángel de Cabo prácticamente al mismo tiempo que solicitaba su entrada en concurso de acreedores. "Nos resulta difícil imaginar supuestos más claros en los que la administración concursal deba solicitar al juez la suspensión de facultades", indica Alemany Eguidazu. También señala el juez como causa del cese, la información inadecuada sobre la oportunidad de solicitar medidas cautelares. El magistrado considera que los administradores tendrían que haber requerido medidas cautelares contra De Cabo y otras personas relacionadas con Teconsa habiendo "desplegado diligente atención a las noticias publicadas sobre personas relacionadas con el caso". Alemany recuerda que De Cabo y parte de su equipo fueron detenidos en el marco de la Operación Crucero, como lo fueron, en febrero de este año, miembros de la familia fundadora y otros relacionados con Teconsa en la Operación Caballo de Troya.
El tercer motivo que apunta el juez para el cese de los administradores es el de incumplimiento del deber de información. "Tras casi cuatro años de declarado el concurso una administración diligente está en la obligación de haber alcanzado conclusiones sobre las posibles personas afectadas en una eventual sección de calificación", dice el auto.
Por último el magistrado contempla "incumplimiento del deber de información sobre operaciones susceptibles de reintegración, recisión o nulidad". El juez advierte de que informaciones publicadas en medios de comunicación sobre la Operación Caballo de Troya, como en Cinco Días, se revelan operaciones susceptibles de acciones de reintegración, así como otras relacionadas con Gürtel, y que los administradores concursales no han informado diligentemente sobre estas posibles actuaciones de reintegración que podrían servir para recuperar activos con los que pagar a los acreedores de Teconsa.
"Las razones expuestas" concluye el juez, "integran la justa causa para Perder la confianza en la actual administración concursal, lo que aconseja la sustitución". El magistrado ha nombrado como nuevos administradores a Deloitte y la Agencia Tributaria.