Reunión de la ministra con las empresas implicadas en concursos
La ministra de Fomento, Ana Pastor, el ministro del Interior, Jorge Fernández y el presidente de Renfe, Julio González.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, el ministro del Interior, Jorge Fernández y el presidente de Renfe, Julio González.

Frente común de Fomento y la industria para defender la alta velocidad española

Haber sufrido un siniestro en los últimos cinco años perjudica a los licitadores que sean identificados con el accidente, cuando no les inhabilita totalmente para seguir pujando

El Gobierno defenderá que la línea Madrid-Ferrol no es alta velocidad

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha iniciado una ronda de contactos con todas las empresas implicadas en concursos internacionales de proyectos ferroviarios para fijar la estrategia a seguir en defensa de la alta velocidad española. Tratará de conseguir que el accidente de Santiago sea considerado un siniestro en una línea “convencional mejorada”.

Después de haber priorizado la atención a las víctimas y sus familiares e iniciada la investigación judicial sobre qué pudo ocurrir el pasado 24 de julio en la curva de Angrois, comienza otra fase crucial del siniestro de Santiago de Compostela. Se trata de defender la alta velocidad española, considerada la joya de la corona del sistema ferroviario nacional. Para ello, la ministra Ana Pastor ha iniciado una ronda de contactos con fabricantes de material rodante, de señalización, constructores y concesionarios, entre otros, para establecer una estrategia común de colaboración. Tratarán de consensuar qué acciones llevar a cabo y qué mensajes trasladar a la opinión pública y a las autoridades de los países donde las compañías españolas se juegan la consecución de importantes proyectos futuros.

“El primer paso es establecer prioridades. Es decir, determinar en qué países debemos centrarnos ahora para tratar de convencer a sus autoridades de que lo que ha ocurrido en Santiago no pone en duda la fiabilidad y seguridad de la alta velocidad española”, explica Pablo Vázquez, presidente de la ingeniería pública Ineco. Los criterios que se seguirán para determinar esas prioridades son el estado en el que se encuentre el concurso. “Brasil es el más importante por el volumen de inversión que conlleva (puede alcanzar los 12.000 millones de euros) y porque su adjudicación está prevista para los próximos meses, es la más inmediata”, asegura. Pero además de este país, las empresas españolas tienen serias opciones de hacerse con la construcción del AVE que unirá las dos grandes urbes de Kazajistán, la capital Astaná y Almaty; optan al corredor que prevé unir Moscú con San Petersburgo valorado en otros 14.000 millones y también están presentes en California, con su proyecto para enlazar Sacramento y San Diego, con un presupuesto total que puede llegar a 60.000 millones de euros.

El problema es que en muchos de los pliegos de esos concursos el hecho de haber sufrido un siniestro en los últimos cinco años perjudica a los licitadores que sean identificados con el accidente (en este caso las empresas españolas), cuando no les inhabilita totalmente para seguir pujando por la obra. Fuentes del Ministerio de Fomento reconocieron ayer que el objetivo es que el descarrilamiento de Santiago sea considerado por la Unión Internacional de Ferrocarriles (máximo órgano de este sector) un “accidente en una línea convencional mejorada”, dejando así libre a la alta velocidad ferroviaria de toda sospecha sobre su calidad y seguridad. Fue lo que ocurrió en 1998 en el accidente de tren de Eschede (Alemania), una línea muy similar a la de Madrid-Ferrol con 200 kilómetros de velocidad punta, donde murieron 101 personas, y al final la UIC determinó que había sido un siniestro en una “línea convencional mejorada”.

 

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