El gobierno aprueba el incentivo de fusión voluntaria de municipios
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presentado el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en que el Ejecutivo de Mariano Rajoy lleva trabajando más de un año y que ha suscitado el rechazo del PSOE y del resto de la oposición al considerar que supone un ataque al municipalismo y la privatización de los servicios públicos.
Lo más destacado de este Consejo de Ministros es el incentivo que será otorgado a todos aquellos municipios que decidan fusionarse de forma voluntaria. Esa fusión estaría dotada de mayor apoyo financiero del Estado, ya que, de esa manera el ahorro será mayor. Además, Montoro ha explicado que el proyecto de ley incluye el concepto de coste efectivo de los servicios, por el que todas las corporaciones locales deberán hacer público el coste de los servicios que prestan y “a partir de ello se tomarán decisiones de beneficio para el ciudadano de forma que se acumule la prestación de estos servicios en el órgano superior”, que son las diputaciones provinciales.
Con este proyecto ley "promunicipalista" el gobierno busca la cercanía de la administración local, ya que esta no debe ser considerada "la administración menor" según Montoro.
La conocida como reforma local, que persigue reordenar competencias para evitar duplicidades entre las administraciones autonómicas y locales y mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios mediante la introducción del denominado coste estándar, al que deberán ajustarse los municipios, podría suponer un ahorro de 8.000 millones de euros hasta 2016, según los cálculos del Gobierno.
La aprobación del proyecto de ley por parte del Gobierno llega después de que el Consejo de Estado emitiera un informe que incluía advertencias sobre una posible inconstitucionalidad por el recorte de la autonomía local y criticaba la regulación del coste estándar, el coste al que deberán ajustarse los municipios para prestar servicios.
Según explicó el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, dicho informe no era contrario a la reforma sino que reconocía la capacidad del Gobierno para regular la materia. No obstante, sí reconoció que incorporaba diversas recomendaciones que el Gobierno tenía intención de estudiar de cara a incluirlas en el texto definitivo.
Redacción más exhaustiva del coste estándar
En este sentido, avanzó que, entre otros aspectos, se dará una redacción más exhaustiva al citado coste estándar. Según Beteta, ya estaba previsto detallar este mecanismo, pero a través de un decreto ley posterior; al solicitarlo el Consejo de Estado, este desarrollo normativo se incluirá ahora en el proyecto.
“Se tendrá en cuenta al calcular el coste el número de habitantes, la dispersión, las características del municipio, la densidad; en definitiva, reconocer que en una España variada con 8.117 municipios, de los que solo 400 tienen más de 20.000 habitantes, los costes son necesariamente diferentes. Lo pensábamos regular en una norma de desarrollo, lo incluiremos en esta”, afirmó, para añadir que todos estos aspectos con los que se definirá el coste estándar se han tratado ya con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Asimismo, defendió que el órgano consultivo avaló asuntos clave de la reforma, como la potestad del Estado para “definir” las competencias municipales, la supresión de las competencias impropias o la obligación de formalizar convenios y de pagarlos para el traspaso de competencias y servicios entre administraciones.
Pérdida de apoyos
Conforme han transcurrido los meses, el Ejecutivo ha ido perdiendo apoyos incluso en las propias filas 'populares', en las que alcaldes y concejales se han mostrado abiertamente en contra de algunos de los aspectos principales la reforma como por ejemplo, el modo en que se redistribuyen las competencias con las comunidades y las diputaciones, la posibilidad de que los municipios pequeños sean intervenidos y pierdan sus atribuciones y el coste estándar.
El Gobierno conoció un primer borrador en julio del año pasado y el segundo, el pasado 15 de febrero, en el que se habían rebajado ya algunas pretensiones iniciales como limitar el número de concejales y las retribuciones de forma considerable.
El Ejecutivo ha perdido por otro lado la posibilidad de acuerdo con el PSOE, que exige la retirada del borrador aprobado en febrero y comenzar de nuevo las negociaciones para lograr un texto consensuado, la misma postura que mantiene toda la oposición parlamentaria.
Según admitió la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo reconoce que le está costando esfuerzo sacar adelante una reforma de este calado, ya que atañe a un asunto que lleva pendiente 30 años y que no se puede resolver en unos días.