EL TSJC tumba la adjudicación a Acciona de Aguas de Ter Llobregat
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha desestimado los recursos de la Generalitat, Aigües Ter-Llobregat (ATLL) y Acciona contra la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) que dejaba sin efecto la oferta de Acciona en la adjudicación de la gestión de la ATLL, por lo que refrenda la decisión el OARCC de que la oferta de Acciona no es admisible.
Según ha informado el tribunal este viernes, su decisión se debe a que la normativa europea vela por evitar que se mantenga por la vía de los hechos consumados una decisión durante el tiempo que se tramita un litigio “en perjuicio de los contratistas injustamente desplazados”.
Ahora, la Generalitat y el consorcio adjudicatario inicialmente, liderado por Acciona, pueden presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que el Govern ya anunció que haría si el TSJC desestimaba este último recurso.
Los recursos invocaban a los daños que se derivarían de la anulación del resultado del concurso público por lo que respecta a la repercusión en las finanzas de la Generalitat --el contrato le permitió reducir el déficit en 1.000 millones en 2012--, así como a perjuicios para el servicio de agua a los consumidores y para los trabajadores de la ATLL.
En cambio, el TSJC argumenta --con un voto particular en contra-- que no se puede constatar que el mantenimiento de la decisión del OARCC comporte daños de suficiente entidad porque los perjuicios se limitarían al proceso de transición a un nuevo concesionario, ya que la ley obliga a seleccionar un nuevo contratista.
Concretamente, expone que el estado actual de las cosas lleva a una primera hipótesis consistente en que el servicio sea concedido a la segunda licitante (Agbar), y “si esta hipótesis no prospera, el servicio deberá ser objeto de nueva licitación”.
Añade que ciertamente no se puede descartar una evolución negativa de la situación que comporte perjuicios, que pueden ser eventualmente desproporcionados, pero “esta posibilidad es por ahora hipotética e incierta”, por lo que es insuficiente para fundamentar una medida cautelar contra la resolución del OARCC.
La judicialización del proceso procede de varios recursos de Agbar --la otra empresa concursante-- contra la adjudicación a Acciona y de una resolución del OARCC del 2 de enero por la que suspendía dicha adjudicación.
El OARCC argumentó que la mesa de adjudicación dio cero puntos a Acciona en la oferta pública, lo que debería haber anulado su propuesta, ante lo que el Govern explicó que las propuestas económicas primaron por encima de las técnicas.
El portavoz del Govern, Francesc Homs, avanzó en abril que la Generalitat llegaría hasta el Supremo si hacía falta para defender su adjudicación inicial y que lo único que hace el Ejecutivo catalán es una defensa del “interés público”.