El ICAC dice que Deloitte veía a Bankia como una empresa “en punto muerto”

Fuentes próximas a la firma aseguran que la normativa no establece cuantía a percibir por los trabajos que el auditor puede hacer a la empresa que examina

Oficinas de Bankia en Madrid. EFE/ArchivoEFE

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) asegura que Deloitte tenía clasificada a Bankia como una “empresa con pérdidas o en punto muerto o con bajo nivel de rentabilidad” mientras trabajaba en la auditoría de las cuentas semestrales previas a su salida a Bolsa en 2011, informó ayer la agencia Efe.

Sin embargo, fuentes conocedoras del expediente próximas a la auditora, consultadas por CincoDías, aseguran que Deloitte en ningún momento catalogó a Bankia como un grupo en pérdidas. “La auditoría firmada en marzo de 2011 establecía que estaba en beneficios de 35 millones de euros. Pero en los estadillos internos que se elaboran para organizar el trabajo del auditor se establecía que el grupo era de baja rentabilidad y no de beneficios normalizados. Es una valoración técnica que utilizan lo auditores siguiendo normas internacionales de contabilidad “que no supone valoración alguna de presente o futuro respecto a la situación de la entidad”, aseguran las fuentes citadas.

Asimismo, el ICAC establece que Deloitte desarrolló de manera previa o simultánea a la de auditar los dos primeros trimestres de 2011, claves para el debut bursátil del grupo, otros servicios de asesoramiento, según considera el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, en el expediente sancionador que ha abierto a la firma y a su socio Francisco Celma. 

Según el organismo, los trabajos de asesoramiento “fueron efectuados, en la mayoría de los casos, por las mismas personas que hicieron la auditoría”.

Dichos servicios ajenos a la auditoría consistieron en la elaboración de un modelo de estados financieros consolidados intermedios de Bankia y notas explicativas a los mismos a 31 de marzo de 2011; asesoramiento en relación con la estructura de negocio de BFA y seguimiento de la segregación efectiva del balance aprobada a 5 de abril de ese año. De la documentación aportada por Deloitte, el ICAC deduce que “los auditores podrían haber participado en la preparación o elaboración de estados o documentos que integran los estados financieros auditados objeto de este expediente”. Junto a ello, “podría no haberse abstenido de participar en el proceso de toma de decisiones y gestión de la auditada y sus vinculadas, así como en la elaboración de documentación significativa”.

Encargo de la CNMV

Sin embargo, las fuentes próximas a la firma consultadas por este periódico aseguran que la normativa española no establece ninguna limitación de cuantía a esos trabajos paralelos. Deloitte giró a Bankia en concepto de honorarios totales 2,145 millones de euros. De ellos 1,932 millones fueron por la elaboración de la auditoría, y el resto (212.700 euros) fueron por otros servicios. “Pero es que –continúan los medios consultados– los trabajos paralelos que Deloitte facturó a Bankia fueron encargos directos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para comprobar el estado de la cuentas de la entidad y su situación real.

Y, en paralelo, Deloitte cuenta con cartas, tanto de la comisión de auditoría del consejo de la anterior dirección de Bankia como de la actual, en la que se certifica que la opinión del consejo de administración de la entidad es que la independencia del auditor no se ha visto alterada ni afectada en ningún momento.

Estas cartas las conoce el ICAC y están aportadas al expedientes, según explican las fuentes conocedoras del proceso en marcha.

Abundando en esta idea, las fuentes citadas explican que en Deloitte hay establecido un sistema de defensa de su independencia que cumple con los requerimientos de la SEC, que ha sido revisada explícitamente por el ICACy a la que el organismo vigilante de las auditoras “no ha puesto objeción alguna”.

En todo caso, explican, el partido acaba de empezar, “solo se ha roto la confidencialidad de este tipo de procesos que suele durar un año. Deloitte tiene que contestar ahora a un expediente del ICAC "lleno de lugares comunes y en el que las cosas que se dicen y se dan por sentadas hay que probarlas, para que tengan un efecto sancionador", aseguran

El ICAC asegura que en los papeles de trabajo de la firma “no consta la identificación de posibles amenazas a la independencia derivadas de cada uno de los trabajos realizados ni su evaluación”.

Tampoco analizaron las que podrían derivarse del porcentaje de facturación por servicios distintos a los de auditoría, que “pudieran conllevar una amenaza de interés propio”, de acuerdo con la normativa aplicable, ni los que realizaron sobre las entidades que integraron Bankia, asegura el ICAC.

De la documentación aportada por Deloitte, el ICAC deduce que “los auditores podrían haber participado en la preparación o elaboración de estados o documentos que integran los estados financieros auditados objeto de este expediente”.

Junto a ello, “podría no haberse abstenido de participar en el proceso de toma de decisiones y gestión de la auditada y sus vinculadas, así como en la elaboración de documentación significativa utilizada por Bankia para sus decisiones y de los estados financieros intermedios auditados”.

Por otra parte, en sus documentos de trabajo, Deloitte no deja constancia del estudio y evaluación del control interno de la entidad auditada como “base fiable para la determinación del alcance, la naturaleza y el momento de realización de las pruebas de auditoría”.

En su expediente, el ICAC señala que los auditores trabajaron en las cuentas semestrales del grupo mientras calificaban en sus documentos de trabajo a Bankia como “una empresa con pérdidas o en punto muerto o con bajo nivel de rentabilidad”, y ello sin que justificaran los criterios seguidos para cuantificar la cifra de importancia relativa de los riesgos.

El ICAC ha abierto a Deloitte un expediente sancionador por dos faltas muy graves y dos graves, que podrían acarrearle la retirada de la autorización y baja definitiva en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas y una multa de hasta el 6% de su facturación del último ejercicio cerrado con anterioridad a la apertura de su sanción.

Mientras, Celma se enfrenta además a la suspensión de la autorización y baja temporal de entre dos años y un día y cinco años y una multa de entre 12.001 y 24.000 euros.