Argentina lleva al Supremo de EE UU su batalla contra los "fondos buitre"
En octubre un juez condenó a pagar a los acreedores que no acudieron al canje de deuda También obligó a dejar de pagar a los que sí acudieron
El Gobierno argentino ha presentado un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos contra la sentencia de un juez federal estadounidense en favor de fondos de inversión por bonos impagados de la deuda soberana argentina, según fuentes oficiales.
“Argentina presentó el primer recurso extraordinario ante la Corte Suprema de los Estados Unidos de Nueva York”, informó la agencia oficial Télam. “Es un primer recurso contra la sentencia dictada el pasado 26 de octubre de 2012, cuando aún se aguarda un fallo definitivo”, precisó la agencia, citando al Ministerio de Economía.
El recurso pretende revertir un fallo del juez federal Thomas Griesa que conminaba a Argentina al pago de 1.330 millones de dólares, unos 1.000 millones de euros, a tenedores de deuda soberana que no entraron en el canje propuesto por el Gobierno.
Argentina fue demandada por acreedorse que no acudieron a los dos procesos de reestructuración de la deuda argentina, en 2005 y 2010. Desde entonces, el país ha pagado los intereses a los bonos que acudieron al canje, que fueron alrededor del 93% del total, pero no al resto. Algunos de estos acreedores, denominados "fondos buitre", son los querellantes en la demanda, y sus tesis fueron aceptadas por el juez de Nueva York.
Argentina entiende que esa sentencia “representa una intromisión sin precedentes dentro de las actividades de un Estado extranjero dentro de su propio territorio que hace que surjan preocupaciones sobre las relaciones exteriores de Estados Unidos”. Además, al comprometer los pagos del canje “pone en riesgo el proceso de reestructuración de deuda soberana voluntario que cuenta con el apoyo tanto de Estados Unidos como del resto de la comunidad financiera internacional”.
Griesa señaló que Argentina no podría pagar a los acreedores que aceptaron el canje a no ser que abonase también los 1.330 millones que reclaman los demandantes, y además determinó que los agentes de pago implicados en el proceso, en concreto Bank of New York Mellon, serían sancionados si realizaba las transacciones. Estas medidas, en todo caso, fueron paralizadas por instancias judiciales superiores.
El proceso judicial, en todo caso, es seguido con gran interés por los inversores en deuda, puesto que si Argentina puede entrar en impago si deja de abonar los intereses a todos los acreedores (no solo a los demandantes)