Editorial

Máxima claridad en las preferentes

La admisión a trámite de la querella interpuesta por UPyD por la comercialización de las preferentes de Bankia supone el inicio de una causa penal a la que podrían sumarse 300.000 inversores. En el auto, el juez investiga seis posibles delitos –entre ellos, estafa, apropiación indebida y publicidad engañosa– derivados de la comercialización de instrumentos híbridos de las siete cajas que dieron origen a BFA-Bankia. Con ello, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu sigue el criterio de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal –que le instaba a ampliar la causa principal en la que se investiga el agujero contable de Bankia– y contradice el del fiscal, quien sostiene que la comercialización de las preferentes no constituyó delito al no existir intención de engaño.

Todo ello tendrá que dilucidarse a través de un procedimiento que supone un trabajo ingente. Una tarea que debe abordarse con la máxima eficacia y, dentro de lo posible, sin demoras excesivas. La relevancia social que ha adquirido el escándalo de las preferentes hace especialmente necesario que este proceso no se vea sometido a las interminables esperas que resultan lamentablemente frecuentes en el sistema judicial español. Si ha habido responsabilidad penal en el escándalo de las preferentes, cuanto antes se aclare, mejor.

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