Mas pide mayor margen fiscal y acusa a Rajoy de ofrecer “migajas”
Cree que es indispensable "para no desmantelar el estado de bienestar" Señala que las autonomías asumen una tercera parte del gasto público
De la misma forma que la Comisión Europea exige un umbral máximo de déficit a España distinto y mayor al de Alemania o Austria, el Ejecutivo de Mariano Rajoy debería ofrecer un trato diferenciado a las comunidades autónomas en función de su situación. Este es el argumento que esgrimió ayer el presidente de la Generalitat, Artur Mas, en la inauguración de la reunión del Círculo de Economía en Sitges. Ante una nutrida representación del empresariado catalán, Mas aseguró que cumplir el objetivo de déficit vigente del 1,2% para este año equivale “al desmantelamiento del Estado de bienestar”.
El presidente de la Generalitat señaló que el margen para seguir reduciendo el gasto es prácticamente nulo y recordó que Cataluña recortará las dos pagas extraordinarias a los funcionarios este año a “diferencia del Gobierno central y de otras comunidades”. La postura a favor del déficit asimétrico que defiende la Generalitat tiene el apoyo de la Comunidad Valenciana o Murcia –las dos autonomías con mayores números rojos– y el rechazo frontal de Extremadura o la Comunidad de Madrid, que sostienen que ofrecer más margen a las comunidades que incumplieron el objetivo de estabilidad resulta injusto y discriminatorio.
Mas, a quien no le gusta embarcarse en discusiones cuerpo a cuerpo con otros presidentes autonómicos, culpó a Rajoy de fomentar que las comunidades se peleen por “migajas”. El presidente de la Generalitat tiró de hemeroteca y argumentó que el Programa de Estabilidad 2011-2014 contemplaba para este año 2013 un objetivo de déficit para la Administración central y la Seguridad Social del 1,7% y del 1,1% para las comunidades. Tras las sucesivas revisiones de Bruselas, el umbral se ha elevado al 5,1% para el Estado central y solo al 1,2% para las comunidades. Para Mas, esta distribución no tiene en cuenta que las autonomías son responsables de un tercio del gasto público y de las partidas ligadas al Estado de bienestar.
En cualquier caso, Bruselas concedió el miércoles dos décimas más de déficit (del 6,3% al 6,5%) y todo apunta que el margen para las autonomías se ampliará a su vez del 1,2% al 1,3%. Por otra parte, Hacienda ya se ha mostrado dispuesta a elevar el umbral específico para la Generalitat. El portavoz de Convergència i Unió (CiU) en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran i Lleida, reclamó que el objetivo para Cataluña en 2013 se sitúe en el 2,18%, algo que Moncloa no aceptará. Hacienda defiende que todas las autonomías deben reducir su déficit y la Generalitat registró un desfase del 1,98% el año pasado.
Sector público sobredimensionado
Los argumentos de Hacienda se refuerzan con los últimos datos sobre el grado de cumplimiento de las autonomías para reducir el abultado tamaño del sector público empresarial . En junio de 2010, aún bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, Estado y comunidades pactaron que se eliminarían 686 entes públicos regionales (pasarían de 2.404 a 1.718). Entre las comunidades que más esfuerzos debían hacer estaban Andalucía y Baleares, que debían suprimir 119 y 106 empresas públicas. Ambas se han quedado por debajo del 20% de lo comprometido.
La actualización, con datos de octubre de 2012, muestra como el incumplimiento ha sido general. Las regiones solo han suprimido 229 entes, un 33% de lo pactado. Y Cataluña no es una excepción: prometió eliminar 83 entes públicos y hasta octubre tan solo habían sido dados de baja 21, apenas un 25%.
Menor indemnización a los directivos públicos
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirmó ayer la limitación de las indemnizaciones a los directivos públicos en caso de despido La sentencia rechaza, en este caso concreto, que las retribuciones variables asignadas en un contrato de alta dirección de una empresa pública estatal entren en el computo de la indemnización.
El Tribunal aplica así la reforma laboral aprobada por el Gobierno el año pasado que limitaba considerablemente las indemnizaciones a este tipo de directivos.
Más de un centenar de directivos de empresas públicas, fundaciones y organismos públicos que fueron despedidos tras ser aprobada la reforma laboral en marzo denunciaron dichos despidos en los tribunales de lo social.
El fallo del TSJM, uno de los primeros en esta instancia, viene a rechazar un recurso de suplicación planteado contra la sentencia de la jurisdicción social y confirma como ajustada a derecho la aplicación de la nueva normativa por tratarse de una relación laboral especial de alta dirección. El Tribunal excluye de la indemnización la parte correspondiente a las retribuciones variables al “no tratase de deudas líquidas, vencidas y exigibles en este procedimiento de despido”.
