Ya pidió un crédito extraordinario en 2012
El secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, durante su comparecencia hoy en el Congreso de los Diputados, en la que ha presentado los datos de ejecución presupuestaria de su departamento así como los planes para hacer frente a los compromisos con la industria de armamento que ascienden a cerca de 30.000 millones de euros. EFEBallesteros
El secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, durante su comparecencia hoy en el Congreso de los Diputados, en la que ha presentado los datos de ejecución presupuestaria de su departamento así como los planes para hacer frente a los compromisos con la industria de armamento que ascienden a cerca de 30.000 millones de euros. EFE/Ballesteros EFE

Defensa necesita 1.000 millones para cumplir con los proveedores en 2013

La secretaría de Estado ha reformulado los planes especiales de armamento

Prevé ahorrar 4.000 millones, y reducir el coste total para el Estado a 30.000 millones

El Ministerio de Defensa deberá pagar entre 800 y 1.000 millones de euros este año a las empresas que trabajan en los programas especiales de armamento, cantidades que no fueron fijadas en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 y que deberán obtenerse a través de financiación extraordinaria. Una horquilla de pagos que también se ha fijado para los años 2014 y 2015, y que reducen en un 40% los establecidos en un principio, después de que la secretaría de Estado de Defensa haya reformulado la deuda pendiente por los grandes programas de armamento (PEA). Esta, arrastrada desde finales de los años 90, no terminaría de saldarse hasta el 2030, según el nuevo plan presentado esta tarde en el Congreso de los diputados por el secretario de Estado Pedro Argüelles.

La reformulación prevé un ahorro de 4.000 millones de euros sobre el coste total de los PEA’s, que se elevaría hasta los 29.495 millones de euros. La última revisión lo fijaba en 33.345 millones, y en su inicio el programa establecía un calendario de pagos que acababa en 2025. Según Argüelles, las últimas previsiones eran “inaceptables”, ya que considera “han quedado claramente superadas por las circunstancias”. De ese coste total estimado, Defensa ya ha pagado 6.000 y 15.000 han sido prefinanciados por el Ministerio de Industria, por lo que quedan por financiar 8.000.

Menos unidades

Los PEA’s, una losa para la industria y para el ministerio

Afinales de los 90, el ejecutivo que presidía José María Aznar ponía en marcha un ambicioso plan de modernización de las fuerzas armadas. Entre 1997 y 2003 se comprometieron 21.000 millones en nuevos equipamientos e inversiones en I+D, a través de un complejo sistema de financiación que incluía al ministerio de Industria. Éste anticipaba parte de las inversiones a las empresas a interés cero, y éstas recibían los pagos de Defensa una vez entregadas las unidades. Industria agotó los anticipos, las empresas apenas podían devolverlos al tiempo que los costes de producción se disparaban hasta un 40% en algunos casos. Esto ha hecho que Defensa tenga que destinar gran parte de lo presupuestado, y cantidades sin presupuestar, al pago de los PEA’s, y de forma más prolongada, con las añadidas dificultades para las empresas.

El programa de ahorro se basa en dos medidas principales: el retraso de en la entrega de las unidades comprometidas y la reducción del número final de éstas. De la veintena de PEA’s comprometidos, la secretaría de Estado plantea la reformulación de nueve, entre ellos el del Eurofighter 2000 y el del avión A400M. En el caso del primero fija un ahorro de 3.000 millones sobre un coste previsto de 13.600, que excedía en un 40% el importe del contrato firmado en 1997.

En el caso del A400M, reduce a 13 unidades las necesarias sobre las 27 contratadas, y destina las 14 restantes a la exportación.

Los retrasos reducirán el impacto sobre el déficit público en un 63%, ya que éste no se contabiliza hasta la entrega de las unidades. Como reconoció Argüelles, esa reducción no significa su desaparición, sino que se reparte en el resto de años.

A finales de los 90, el ejecutivo que presidía José María Aznar ponía en marcha un ambicioso plan de modernización de las fuerzas armadas. Entre 1997 y 2003 se comprometieron 21.000 millones en nuevos equipamientos e inversiones en I+D, a través de un complejo sistema de financiación que incluía al ministerio de Industria. Éste anticipaba parte de las inversiones a las empresas a interés cero, y éstas recibían los pagos de Defensa una vez entregadas las unidades. Industria agotó los anticipos, las empresas apenas podían devolverlos al tiempo que los costes de producción se disparaban hasta un 40% en algunos casos. Esto ha hecho que Defensa tenga que destinar gran parte de lo presupuestado, y cantidades sin presupuestar, al pago de los PEA’s, y de forma más prolongada, con las añadidas dificultades para las empresas.

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