Bruselas quiere tapar la gotera fiscal de un billón de euros
La cifra debe resultar tan golosa como punzante para cualquier ministro de Hacienda. Hasta un billón de euros al año pierden las arcas públicas en Europa como consecuencia de la ineficiencia del sistema de recaudación, de la ingeniería contable de las empresas o de la evasión fiscal.
Tan descomunal gotera ha llamado la atención de unos Gobiernos agobiados por la falta de ingresos y la escalada de la deuda pública. Y en la cumbre europea que se celebra esta semana en Bruselas (miércoles, 22 de mayo), parecen decididos a obturar, al menos en parte, una fuga equivalente a unos 2.000 euros anuales por cada habitante del club comunitario.
“Para hacerse una idea, un billón de euros equivale a todo del PIB de España, quinta economía de la UE, o al presupuesto comunitario de los próximos siete años”, señaló el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, al convocar la cita de pasado mañana. Y advertía que con la crisis actual “simplemente no nos podemos permitir ni tolerar ninguna pérdida fiscal”.
El borrador de conclusiones de la cumbre anuncia, entre otras medidas, la reforma de las directivas actuales para extender los intercambios de información entre las haciendas a todo tipo de rendimientos y no solo los del ahorro; limitar el trasvase de beneficios dentro de una multinacional a la búsqueda de los tipos de imposición más bajos, y endurecer las normas sobre evasión, fraude y blanqueo de dinero.
No es la primera vez que Bruselas anuncia una ofensiva similar. Otras han fracasado porque los acuerdos fiscales en el seno de la UE requieren la unanimidad de los 27 Gobiernos.
De hecho, la principal tarea de la cumbre europea contra el fraude fiscal será intentar desbloquear la nueva directiva sobre fiscalidad del ahorro, para aplicarla no solo a los particulares, sino también a las empresas y a todos los productos gestionados por intermediarios como las Sicav. Luxemburgo, paraíso de ese tipo de servicios, se re siste. Pero al menos tres factores juegan a favor de que esta vez los trabajos de reparación no se aplacen indefinidamente o queden en una mera chapuza para salir del paso.
El primero es la necesidad urgente de cuadrar las cuentas públicas en un contexto de recesión en el que no resulta aconsejable incrementar en exceso los tipos de imposición. El aliciente en ese terreno para las autoridades es bastante jugoso: los estudios que maneja la Comisión Europea (CE) calculan que la lucha eficaz contra la evasión y el escaqueo fiscal generaría ingresos suficientes para terminar en menos de nueve años con el déficit público de todos los socios de la Unión.
Y todo indica que hay margen para mejorar la eficacia del sistema, según los datos que el presidente de la CE, José Manuel Barroso, tiene previsto aportar a la cumbre del miércoles. En IVA, por ejemplo, los Estados solo alcanzan de media poco más del 50% de la recaudación potencial, cifra que cae por debajo del 40% en países con tantas dificultades presupuestarias como España, Italia o Grecia.
Un resultado tan penoso puede atribuirse en parte al fraude. Pero no solo. La recaudación del IVA también se ve mermada, según un informe que votará el Parlamento Europeo la víspera de la cumbre, por la ineficacia de un sistema impositivo “desfasado” y que no se ha modificado desde su introducción hace casi 40 años a pesar de la evolución tecnológica.
Un segundo factor interno que impulsa la armonización fiscal es la necesidad de profundizar la integración económica, al menos de la zona euro. La creciente interdependencia de los socios, puesta de manifiesto por unos rescates financieros que apuntan hacia una mutualización parcial de la deuda pública, hace inevitable tapar los agujeros negros fiscales que albergaba el continente.
Chipre ha sido hasta ahora la víctima más visible de esa embestida, que se llevará por delante el 50% del sector financiero de la isla a cambio de un préstamo de 10.000 millones de euros de la zona euro. Pero la ofensiva también parece a punto de terminar con el secreto banco en Luxemburgo y Austria. Y otros limbos fiscales como Holanda empiezan a sentir la presión reinante.
El tercer factor ha llegado desde la Administración Obama. Los cinco mayores países de la Unión (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España) acaban de verse obligados a suscribir con Washington un acuerdo bilateral de intercambio de información fiscal (Fatca) para evitar que sus entidades financieras con clientes estadounidenses sufrieran “un impuesto confiscatorio” [del 30%], como lo calificaba en estas páginas Patricia Lampreave Márquez, del comité de expertos del European Law Institute.
La UE, impotente ante esa norma de carácter “extraterritorial”, como la define Lampreave, ha decidido aprovecharla como modelo para su propia coordinación. Entre otras cosas, porque sería bastante bizarro que EE UU tapara con ayuda europea su gotera fiscal y que los 27 siguieran reventándose las tuberías entre ellos