Los expertos de Artur Mas piden prescindir de los funcionarios
La mayoría de los empleados públicos pasaría a ser personal laboral Un 10% de perdidas en un año permite a las administraciones despedir a esos empleados
Cataluña gastó uno de cada tres euros de su presupuesto en 2012 para pagar a sus empleados públicos. De los 27.888 millones de euros con los que contó ese ejercicio, 10.590 millones de euros se destinaron a la remuneración de asalariados, según los datos que obran en poder de Hacienda. Es ese contexto el que justifica el hecho de que Cataluña encargara a un grupo de expertos, liderado por Guillem López-Casasnovas, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, un informe sobre la reforma del sector público en Cataluña.
Ese estudio, desvelado por El País, propone que solo haya funcionarios en puestos que requieren del ejercicio de la autoridad, como los Mossos d´Esquadra, los inspectores o aquellos empleados encargados de otorgar licencias. El resto de los funcionarios perdería su actual estatus y se convertiría en personal laboral, con lo que podría ser despedido en cualquier momento. Esta propuesta solo se podría aplicar, no obstante, sobre aquellos empleados de la administración autonómica, ya que los estatales y los municipales dependen de otras administraciones. Según los últimos datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, correspondientes a enero de 2012, Cataluña contaba con 322.351 empleados públicos, de los que 168.359 (el 52% del total) estaban ligados a la administración autonómica, seguida por la local (96.790), la estatal (30.664) y las universidades (26.538). De este modo, el cambio propuesto por el grupo de expertos, compuesto también por Francisco Longo, Carles Ramió, Joan-Ramon Rovira y Josep Valor, afectaría a una cifra cercana a los 100.000 empleados. ¿De dónde surge este cálculo? De los 168.000 empleados, en torno a 122.000 son funcionarios, 26.000 son interinos y el resto laborales. Los empleados ligados a las Fuerzas de Seguridad y a la Administración de Justicia suman en torno a 20.000 empleados, según las primeras estimaciones, luego el paso de funcionarios a laborales podría afectar a una cifra cercana a los 100.000 empleados.
Con esa pérdida de categoría, la administración podría prescindir de esos trabajadores por causas económicas, tal y como faculta en la actualidad el reglamento de los ERE. En este texto se establece que podrán poner en marcha un proceso extintivo siempre que haya una caída de ingresos presupuestarios del 5% en un año o del 7% durante dos años seguidos.
Las reacciones a esa propuesta no se hicieron esperar. UGT emplazó ayer al Gobierno catalán a que explique “de una vez por todas” qué modelo de administración pública quiere. En un comunicado, la organización sindical lamentó que haya tenido conocimiento de este documento a través de la prensa, lo que ha considerado desafortunado. “Si se confirma la información aparecida y la vicepresidenta catalana, Joana Ortega, la hace suya, nos encontraríamos ante un nuevo modelo de administración catalana: una administración catalana privada al servicio de un partido gobernante”, advierte UGT. El sindicato se muestra receptivo a impulsar cambios. “Pero estos no se pueden hacer sin consenso ni respeto hacia los ciudadanos y trabajadores”, recalcó.
El TC deja en suspenso la declaración soberanista
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) admitió ayer a trámite la impugnación por el Gobierno del acuerdo del Parlamento de Cataluña del pasado 23 de enero, fecha en la que aprobó la declaración de soberanía.
La resolución produce la suspensión de esta declaración de la cámara catalana durante al menos cinco meses al aplicarse el artículo 161.2 de la Constitución, que fue invocado por el Gobierno a la hora de presentar su recurso el pasado 8 de marzo. Se trata de la primera ocasión, según fuentes jurídicas, en la que el tribunal de garantías deja en suspenso un acuerdo de un parlamento autonómico.
El TC, por lo tanto, revisará la constitucionalidad de la resolución aprobada el pasado 23 de enero por el Parlamento catalán y que lleva por título “Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña”. La providencia dictada ayer señala que la admisión a trámite del recurso del Gobierno, según establece la legislación, produce “la suspensión de la resolución impugnada desde el día 8 de marzo de 2013, fecha de interposición del recurso”. El Constitucional ordena además dar traslado de la demanda al Parlamento de Cataluña para que, en el plazo de 20 días, “aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes”.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, tildó de “insólita, altamente preocupante y profundamente decepcionante”, mientras que el ministro de Justicia, invitó a la Generalitat de Cataluña y al Parlamento catalán a encauzar su proyectos en el marco de la Constitución y con “la máxima lealtad institucional”. El portavoz de ERC en el Congreso, Alfred Bosch, restó importancia a la decisión. “El pueblo catalán es depositario de su soberanía y esa decisión no lo cambia”, apuntó.