Aprobado en Consejo de Ministros

Reformas a la espera de la letra pequeña

Destaca la eliminación del IPC como referencia de todas las rentas públicas y los contratos con la Administración

El Ejecutivo calcula que el nuevo paquete de medidas aportará hasta dos puntos al PIB

Dvd 608 - 26042013 - Rueda de Prensa del Consejo de Ministros. Soraya Sáenz de Santamaría, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro - ©Gorka Lejarcegi
Dvd 608 - 26/04/2013 - Rueda de Prensa del Consejo de Ministros. Soraya Sáenz de Santamaría, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro - ©Gorka Lejarcegi EL PAÍS

Como casi siempre que un anuncio levanta máxima expectación, como es el caso del nuevo plan nacional de reformas estructurales, cuando por fin éste se materializa, es fácil que provoque cierta decepción. Así ocurrió el viernes una vez finalizadas las explicaciones de distintos miembros del Ejecutivo sobre el contenido de las nuevas medidas que, en teoría, deberán contribuir a corto y medio plazo a revertir la tendencia contractiva de la economía española y, sobre todo, a frenar la sangría del desempleo. Más allá de los anuncios efectuados en materia de impuestos, la mayoría de las reformas ahora planteadas son ya conocidas y algunas de ellas incluso forman parte del anterior plan nacional presentado en 2012. Así, habrá que esperar al detalle para ver hasta qué punto son capaces de corregir los desequilibrios que aún padece la economía nacional.

 La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, habló el viernes de ocho grandes reformas, si bien alguna se desdobla en otras tantas leyes o iniciativas. Y el titular de Economía, Luis de Guindos, estimó que el nuevo programa de iniciativas tendrá un impacto positivo de hasta dos puntos porcentuales sobre el PIB que, según las nuevas previsiones caerá un 1,3% este año y avanzará un 0,5% en 2014. He aquí todas esas reformas.

Ley de desindexación

Se trata de una de las principales novedades desvelada el viernes, cuyo anuncio causó inmediatamente un gran revuelo. Supone desvincular del índice de precios de consumo (IPC) las grandes partidas de gasto público, para lo que se creará un nuevo indicador de referencia.

Esta desindexación afectará también a los contratos públicos. Es decir, a las licitaciones o concursos públicos de obra civil, cuyos costes de materiales y mano de obra hasta ahora se han revisado históricamente con la inflación, suponiendo un importante incremento en los costes cada año. El revuelo se generó al reconocer con este anuncio el Gobierno que se abre la puerta también a la desvinculación de las pensiones del IPC, algo que –según dejó entrever la vicepresidenta– de adoptarse, se incluiría en el diseño factor de sostenibilidad, cuyos criterios prepara un grupo de expertos y que el Ejecutivo prevé aprobar en los próximos meses.

El nuevo índice será más exigente que el IPC y en su formulación tendrá en cuenta el nivel de inflación del 2% considerado por el BCE como estabilidad de precios. Con ello se pretenden evitar los llamados “efectos de segunda ronda” en el proceso de formación de precios. “Se limita la influencia sobre la economía de importantes perturbaciones de precios de origen exógeno y se consigue que la inflación esté más cercana a los fundamentos de la propia economía”, asegura el Ejecutivo en la documentación del plan.

Cuentas públicas

Esta reforma se refiere a la mejora de la disciplina presupuestaria de todas las Administraciones Públicas con la próxima aprobación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Dentro de ella se presta especial atención a la creación con carácter de urgencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, cuyo objetivo será velar por el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria en todos los niveles de la Administración.

El Ejecutivo incluye también dentro de este apartado las medidas puestas en marcha para incrementar los ingresos fiscales y reducir los gastos con el objeto de cumplir con la nueva senda de estabilidad en el periodo 2013-2016. Recuerda que en materia de Seguridad Social se han iniciado ya las actuaciones para la regulación normativa del factor de sostenibilidad de las pensiones.

Mercado laboral

Antes de julio de este año el Gobierno prevé tener listo el primer gran balance de la reforma laboral aprobada el año pasado con un análisis pormenorizado de los efectos que ha tenido. Este estudio deberá ser contrastado por un organismo independiente como, por ejemplo, la OCDE o la OIT.

En materia de intermediación laboral, ya se anunció con anterioridad la creación de un portal único de empleo. Consistiría en una base de datos común para todo el territorio nacional con información sobre ofertas y demandas de empleo y sobre acciones formativas. Asimismo, está prevista la articulación e impulso de la colaboración público-privada para la intermediación en el ámbito de los servicios públicos de empleo.

Unidad de mercado

La futura Ley de Garantía de la Unidad de Mercado constará de tres grandes ejes. El primero incluirá los principios de garantía de libertad de establecimiento y de circulación, que deben respetar todas las disposiciones y actos de las Administraciones. En segundo lugar, abogará por la máxima cooperación institucional para eliminar trabas, asegurar que no se establezcan nuevos obstáculos y procurar una adecuada supervisión. Y, por último, articulará mecanismos ágiles de resolución de los problemas de los operadores con la Administración a través de la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Emprendedores

La tantas veces anunciada Ley de Apoyo al Emprendedor y su internacionalización está previsto que sea una de las primeras en aprobarse durante este segundo trimestre del año. Contendrá medidas para impulsar la iniciativa emprendedora. Creará la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, fomentará la constitución de sociedades en 24 horas y sin capital mínimo y facilitará el acceso a la segunda oportunidad mediante un mecanismo extrajudicial de pagos.

Además, el emprendimiento tendrá un mejor tratamiento fiscal, ya que se establecerá el IVApor criterio de caja, la deducción por reinversión de beneficios, la deducción por I+D.

También está previsto ampliar la lista de actividades que estarán exentas de licencia municipal y se eliminarán los obstáculos al acceso de los emprendedores a la contratación pública. En cuanto al impulso a la internacionalización, el Gobierno anunció un nuevo régimen de visados y autorizaciones de residencia para atraer el talento y la inversión extranjera.

Administración

El anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local se remitirá en julio a las Cortes. La norma persigue cuatro objetivos: clarificar competencias municipales para evitar duplicidades, racionalizar la estructura organizativa, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer una regulación favorable a la iniciativa económica privada. Con esta reforma el Ejecutivo pretende ahorrar unos 8.000 millones hasta 2015.

Una de las vías previstas para lograrlo es la implantación de la administración electrónica y la reducción de las cargas administrativas. Gracias al sistema de tramitación telemática se podrán realizar todos los trámites de constitución, cambio de titularidad y puesta en marcha de las empresas con los tres niveles administrativos. Todo ello supondrá un ahorro de costes en trabas administrativas de más de 500 millones de euros.

Colegios profesionales

En el primer semestre de 2013 está previsto aprobar el anteproyecto de ley de Colegios y Servicios Profesionales, que elimina obstáculos al acceso y ejercicio de la actividad en un número elevado de actividades profesionales. Establecerá que las restricciones basadas en una cualificación profesional para el acceso a una actividad solo podrán exigirse por ley, siempre y cuando sea necesario por motivos de interés general, lo que limitará las reservas de actividad.

Lógicamente y siguiendo los principios de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, el acceso a una actividad profesional habilitará para su ejercicio en todo el territorio español, sin que puedan exigirse requisitos adicionales de cualificación a los del territorio donde se hubiera accedido a la profesión. La Administración deberá elaborar y mantener accesible telemáticamente una lista con todas las profesiones reguladas del país, los requisitos de acceso y el coste de colegiación en su caso.

Buen gobierno

El objetivo es reformar y ampliar el actual marco del Buen Gobierno Corporativo en España con el fin de mejorar la eficacia y responsabilidad en la gestión de las sociedades españolas y, al tiempo, situar los estándares nacional al más alto nivel de cumplimiento comparado con los criterios y principios internacionales del Buen Gobierno.

En concreto, está previsto potenciar el papel de las juntas de accionistas en el seguimiento de los esquemas retributivos de los órganos de gestión y alta dirección de la sociedad. Además, está previsto perfeccionar y ampliar las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, así como elaborar un Código de Buenas Prácticas para las empresas no cotizadas.

El Ejecutivo recuerda en la documentación que tiene previsto remitir a Bruselas con este plan nacional de reformas que ya se han dado pasos en esta línea. Pone como ejemplo que el control y supervisión continuos del Banco de España se extienden a los miembros de los órganos de administración y de los titulares de funciones clave de las entidades de crédito y otras entidades financieras, velando porque estas cumplan los requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno marcados por la autoridad bancaria europea.

Crédito

Consciente de que una de las demandas que realizan en la actualidad las empresas como imprescindible para estimular el crecimiento y el empleo es el acceso a la financiación, el plan nacional de reformas contempla medidas para restaurar la normalidad del crédito.

Entre ellas se encuentra la firma de un convenio con la patronal bancaria AEBy la CECA para poner a disposición de las pymes 10.000 millones de euros adicionales en préstamos. A ello se sumará el refuerzo de las líneas ICO, con una dotación para 2013 de 22.000 millones, así como el desarrollo de nuevas fórmulas de financiación con apoyo de instituciones financieras internacionales como el BEI.

Está previsto el perfeccionamiento del marco regulatorio de las cédulas de internacionalización y creación de los bonos de internacionalización.

Otra de las novedades las supondrá la puesta en marcha del FOND-ICO Global (Fondo de Fondos de Capital Riesgo) para que realice las primeras inversiones en el segundo semestre de 2013. Se prevé la creación de la red nacional de incubadoras de empresas, así como la mejora del marco regulatorio de las entidades de capital riesgo y sus sociedades gestoras. Entre los compromisos del Ejecutivo también se encuentra una nueva orden para reforzar las redes de business angels, así como para impulsar su creación en las zonas de menor implantación. Es más, las inversiones de esos business angels podrán acogerse a incentivos fiscales.

Como instrumento para la mejora de la financiación se contempla la creación del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). En él se facilitarán los trámites para realizar emisiones y una nueva línea ENISA para financiar los costes de emisión. En este sentido, la denominada Ley Ascensor posibilitará el tránsito de empresas entre la Bolsa y el Mercado Alternativo.

Sistema financiero

Y, por último, aunque el Ejecutivo da por concluida la reestructuración del sistema financiero, está prevista la aprobación de un anteproyecto de ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias para clarificar el papel de las cajas en el control de las entidades de crédito en su condición de accionistas. Prevé incorporar mejoras de transparencia y gobierno corporativo y asegurar el estricto cumplimiento de los planes de reestructuración puestos en marcha.

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