La relajación del déficit por la UE no impedirá más ajustes
El Ejecutivo seguirá aplicando reformas para rebajar el déficit estructural La caída del PIB generará menos ingresos públicos y dificultará cumplir el objetivo que marque Bruselas
No hay nadie que, a día de hoy, piense que el objetivo de déficit se mantendrá en el 4,5% este año y en el 3% el siguiente. Bruselas relajará esos umbrales y permitirá que España pueda rebajar el déficit por debajo del nivel –tan sagrado como violado– del 3% en 2015 o, lo más probable, en 2016. Eso supone un cierto alivio para el Ministerio de Hacienda, sin embargo, sea cual sea la decisión de la Comisión Europea, España seguirá aplicando medidas para rebajar el llamado déficit estructural, que mide los desequilibrios fiscales de una economía en un situación neutral, es decir, sin experimentar una recesión como la vigente ni una expansión coyuntural como la que disfrutó (o sufrió) España durante el boom inmobiliario.
El Banco de España no hace ni una sola referencia a la posibilidad de que Bruselas rebaje el objetivo de déficit. El supervisor asegura que es “imprescindible que continúe [la reducción del déficit estructural] para situar las fianzas públicas en una posición más saneada y poder quebrar la trayectoria alcistas de la ratio de deuda pública”.
El endeudamiento alcanzó el año anterior el 84,2% del PIB y no debe esperarse que baje en el corto plazo. De hecho, los últimos datos muestran que el nivel de pasivo superó por primera vez los 900.000 millones de euros. Para el supervisor, que España recupere la confianza depende, en buena medida, de detener este incremento del endeudamiento. Y eso solo es posible si la brecha entre gastos e ingresos de la Administración pública se acorta.
A pesar de que el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, señalara el lunes que las políticas de austeridad habían “llegado a su fin”, en España, la reducción del déficit público y especialmente su componente estructural siguen marcando buena parte de los pasos que da el Gobierno y no cabe esperar que se dé marcha atrás en este sentido.
El propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, repite que España deberá rebajar en otros tres puntos el desfase estructural de la economía española. Ello solo se logra aplicando nuevas medidas que, por un lado, permiten reducir el gasto a largo plazo del Estado (reforma de las pensiones o modificaciones en las prestaciones por desempleo) o elevar los ingresos (creación de nuevos gravámenes medioambientales o supresión de beneficios fiscales en los grandes impuestos). De hecho, mientras Barroso anuncia el fin de las políticas de austeridad, Bruselas no pierde ocasión en repetir que España debe recaudar más por el IVA –gravar más productos que aplican tipos reducidos–, profundizar en la reforma laboral y reformar las pensiones. Es decir, lo que dice Bruselas es que se debe pagar más por impuestos y recibir menos por prestaciones del Estado.
Por otra parte, resulta evidente que rebajar el déficit este año del 7% al 4,5% resulta simplemente imposible. Sin embargo, cumplir el nuevo umbral, que se moverá en torno al 6%, tampoco resultará sencillo en un contexto de caída de la actividad. Hay que tener en cuenta que, en 2012, se aprobaron las mayores subidas de impuestos de la historia y, sin embargo, la recaudación del conjunto de la Administración solo aumentó en 7.000 millones hasta alcanzar el 36,40% del PIB frente al 35,71% del año anterior. Este año, la economía volverá a caer por encima del 1%. Ello podría provocar un nuevo descenso de los ingresos y abrir la puerta de par en par a nuevos ajustes.