Solo un 0,84% del fondo social de vivienda ha sido ocupado
La reforma hipotecaria contempla ampliar los colectivos beneficiarios del fondo. Se han recibido 500 solicitudes desde su puesta en marcha y concedido 50 viviendas. El fondo de viviendas de la banca se dirige solo a familias en riesgo de exclusión social.
El PP solo admitió una modificación de última hora a la reforma hipotecaria que fue aprobada el jueves en el Congreso: la posibilidad de ampliar los colectivos susceptibles de ser alojados en el fondo social de vivienda si en el plazo de seis meses no ha sido totalmente ocupado.
Se trata de un parque de 6.000 inmuebles, aportados por la banca, que el Gobierno ideó a finales del año pasado para cobijar a las familias en riesgo de exclusión social que hayan sido desahuciadas desde el 1 de enero de 2008.
La puerta se abre ahora a revisar las exigentes condiciones de acceso impuestas por “el lento ritmo” de ocupación que se está registrando, admitían fuentes del PP. Datos de Economía revelan que, de momento, tan solo se han ocupado 50 viviendas, el 0,85%del total.
Prueba y error
La posibilidad de ampliar los colectivos beneficiarios del fondo social de vivienda ante la posibilidad de que las exigencias impidan el acceso a a las 6.000 viviendas disponibles, recuerda a la experiencia del código de buenas prácticas que se amplía ahora tras su escasa repercusión.
En concreto, avanzan desde el Ministerio, de momento se están valorando las peticiones presentadas hasta cierre de marzo, lo que arroja un saldo de 500 solicitudes, 50 contratos ya firmados y la previsión de sellar 170 más en los próximos días.
El fondo, al que se podrá seguir solicitando acceso hasta enero de 2015, está dirigido a familias numerosas, monoparentales con dos hijos al cargo; con un menor de tres años; con un discapacitado, víctimas de violencia de género o el deudor hipotecario en paro y sin prestaciones, siempre que perciban menos de 19.164 euros anuales y perdiera su única residencia por impago hipotecario.
Aunque el compromiso es revisar al alza estas condiciones dentro de seis meses para ocupar todas las viviendas disponibles, fuentes conocedoras del proceso avanzan que entidades y ayuntamientos comenzarán desde ya a ser más flexibles a la hora de decidir a quiénes acogen.