Las eléctricas corren el riesgo de no poder titulizar el déficit de 2012 en varios años

El déficit de 2012 rondará los 5.000 millones La ley de empleados del hogar rompió los techos Industria ha querido corregirla en la orden de peajes

Instalaciones eléctricas.

El real decreto ley sobre empleados del hogar que el Gobierno aprovechó para eliminar los topes legales del déficit de tarifa exante titulizable (que estaban fijados en 1.500 millones en 2012 y cero euros en 2013), resultó una sorpresa para las grandes eléctricas que lo financian, que se desayunaron el 31 de diciembre con dicha norma.

 Pero esta encerraba otra medida desagradable para las empresas afectadas (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP España y Eon España), que se verían obligadas a mantener la deuda eléctrica del año pasado (quizás unos 5.000 millones de euros) hasta dentro de tres o cuatro años, pues antes no podría titulizarse y ser colocada en el mercado.

¿Por qué así? Según la disposición final cuarta del citado real decreto ley, los desajustes temporales de las liquidaciones del sistema eléctrico que se produzcan en 2012, en el importe que resulte de “la liquidación definitiva” emitida por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), generará derechos de cobro que podrán ser cedidos al Fondo de Titulización de la Deuda Eléctrica (FADE), que cuenta con el aval del Estado. El problema se planteó al exigir el texto legal que sea el importe de la liquidación “definitiva” el que se puede titulizar, ya que habitualmente las definitivas se conocen pasados tres o cuatro años. De hecho, las hay sin emitir por parte del regulador energético desde el año 2008.

Estos retrasos se producen generalmente por las inspecciones que realiza la CNE y por la falta de desarrollos normativos que clarifiquen ciertas partidas de costes, amén de las alegaciones que presentan también las empresas a lo largo del proceso. Los costes permanentes del sistema se saldan con las empresas a través de 14 liquidaciones anuales (en algunos casos, como el de las primas de las renovables, son 12). De hecho, la CNE está a punto de publicar la liquidación número 14 de 2012, con la que se conocerá el déficit de tarifa de ese año. Pero la liquidación 14 no es la definitiva, sino que esta podría retrasarse varios años.

Aun con todo, las empresas dicen estar tranquilas porque la orden de peajes eléctricos aprobada en febrero, aunque con fecha 1 de enero, subsanó el grave problema planteado por la ley de empleados del hogar. Así, esta orden ministerial en su disposición adicional octava, señala que podrán ser cedidos al FADE los desajustes de ingresos de 2012 “que se pongan de manifiesto en la liquidación 14 de dicho ejercicio”, de acuerdo “a la normativa de aplicación”. Estas cantidades -señala la orden- tendrán la consideración de cuantías provisionales a cuenta de la cuantía definitiva que se determine al final.

Aunque en apariencia la orden ministerial de peajes pretende desarrollar la ley que entró en vigor el 1 de enero (el mismo día que la propia orden), “se está incurriendo en una infracción de ley”, señalan varias fuentes jurídicas, quienes añaden que es un ejemplo claro de corrección de una ley por parte de una norma de rango inferior como es la orden ministerial. El Gobierno podría haber esperado a corregirlo en otra ley, lo que hubiese resultado sorpendente, u optar por dos vías no ortodoxas, como es una correción de errores o, lo que finalmente ha hecho, “camuflarlo en una norma inferior”.

La tardanza en la publicación de las liquidaciones definitivas suele acarrear muchos problemas. Precisamente, al no tener validez legal más que la liquidación definitiva, las empresas no pueden denunciar ante los tribunales discrepancias en el cobro. Por ejemplo, aunque las eléctricas consiguieron quel el Tribunal Supremo les reconociera que no debían pagar el importe del bono social de la taridfa del que disfrutan unos tres millones de usuarios (algo que sufragaron entre 2009 y 2011), no han podido recuperarlo al estar pendientes las liquidaciones definitivas.

Otro ejemplo es la imposibilidad que tienen empresas afectadas por recortes, como las renovables, para acudir a los tribunales en tanto no tienen en sus manos las liquidaciones finales.

Un desajuste de 5.500 millones

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) está a punto de publicar la liquidación número 14 correspondiente a 2012, con la que se conocerá el desajuste del año pasado, esto es, el déficit de ingresos que las eléctricas podrán colocar como deuda en el mercado y que los consumidores pagarán con intereses y de forma aplazada en el recibo de la luz. Las cifras provisionales de la CNE apuntan a un déficit de 5.511 milones, que finalmente podría ser algo inferior. Con todo, la liquidación definitiva tardará aún varios años en conocerse.

La ley que admite la titulización de todo el déficit que se genere el año pasado, señala que se titulizará el importe resultante de la liquidación definitiva ha sido corregida por la orden de peajes (que alude a la liquidación 14). Y, aunque se trata de un fraude legal, según fuentes jurídicas, las eléctricas no lo denunciarán porque son las beneficiarias.