Las financieras no se adscriben al código de buenas prácticas hipotecarias
Las financieras de Santander y CaixaBank no se adscribieron al código. El grueso del sistema financiero español firmó el acuerdo voluntario. Solo el 12% de los afectados puede beneficiarse de él, según Adicae. La reforma hipotecaria que ultima el PP busca ampliar los colectivos.
Un año después de su puesta en marcha, el 9 de marzo de 2012, “el código de buenas prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre vivienda habitual”, cuya adscripción resulta de carácter voluntario, cuenta con 97 firmantes, el grueso del sistema financiero español. El listado incluye desde los grandes bancos nacionales a cooperativas de crédito, pasando por cajas rurales y entidades extranjeras que operan en España. Las financieras son, sin embargo, las grandes ausentes del código.
Asociaciones de usuarios de banca, como Adicae, señalan como especialmente grave la ausencia de dos firmas, UCI y Credifimo, que paradójicamente están en manos de dos grandes entidades que sí han declarado públicamente su adhesión al código.
UCI, de una parte, es una entidad participada a medias por Banco Santander y BNP Paribas. La Unión de Créditos Inmobiliarios, que se publicita como “líder en la comercialización de hipotecas a través de los profesionales del sector inmobiliario” y mueve unos 11.500 millones en inversión crediticia, sostiene en su web que “el compromiso de UCI es que todos los préstamos firmados cumplan los requisitos de crédito responsable”, si bien no cuenta entre estos el código de buenas prácticas. “Lo valoramos como una buena iniciativa y nos inspiramos en sus puntos, pero no todos son aplicables a nuestra cartera. Preferimos dar soluciones individuales a nuestros clientes”, detalla Fernando Delgado, director de marketing de UCI, que no prevé que la firma se adhiera a él ni siquiera por una cuestión “reputacional”.
Credifimo, de otro lado, pertenecía inicialmente a Cajasol, entidad andaluza que terminó fusionándose con Caja Navarra, Caja Canarias y Caja de Burgos en Banca Cívica, entidad que a su vez fue absorbida el pasado año por CaixaBank. Credifimo se define como “una entidad de créditos hipotecarios y personales” a la que han confiado sus préstamos hipotecarios “más de 20.000 familias”, según su web. Desde Adicae exponen que la firma se encuentra en desmantelamiento y que solo conserva una oficina en Madrid, en la que tampoco encuentran un interlocutor que les aclare si CaixaBank se hará responsable de sus créditos. Declinando dar más detalles, desde la matriz sí señalan que Credifimo, que no da ya crédito nuevo, estaría planteándose firmar el código. La firma conservaría un saldo de 400 millones en crédito y 4.000 operaciones.
El PP no encuentra apoyos a su reforma hipotecaria
Todos los grupos parlamentarios manifestaron ayer su rechazo al texto unificado de reforma hipotecaria que el PP les presentó el viernes aglutinando el proyecto de ley del Gobierno y la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que casi 1,5 millones de ciudadanos registraron ante el Congreso de los Diputados. El borrador del PP desarrolla la propuesta del Gobierno, que limita los intereses de demora, permite al juez suspender cautelarmente un desahucio si se denuncian cláusulas abusivas, flexibiliza las subastas de inmuebles ejecutados, amplía el código de buenas prácticas o suspende los embargos de las familias más vulnerables, pero que está lejos de la dación en pago retroactiva y la paralización generalizada de los desahucios que defendía la ILP presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). “Claramente insuficiente”, fue el reproche más escuchado desde PSOE o UPyD y también, posiblemente, la crítica más amable que recibió el texto. El PP, que asegura haber incluido ya enmiendas de todos los grupos, se da una semana más para renegociar con ellos el texto final. Si fracasa, su mayoría absoluta en la Cámara –y la Comisión– le permitirá, sin embargo, aprobar su propuesta en solitario.
UCI y Credifimo no son un caso único. Pese a la presión motivada por haber motivado polémicos desahucios, otras financieras como General Electric Money Bank o Hipoval tampoco han firmado el acuerdo.
El código de buenas prácticas es una norma que obliga a sus firmantes a aplicar una hoja de ruta especial para colectivos vulnerables que sean incapaces de afrontar su hipoteca. Los pasos a dar van desde la refinanciación de la deuda, incluyendo plazos de carencia o quitas, a la dación en pago con un alquiler social si no fuera posible otra solución. Además de su carácter voluntario, la principal crítica a esta medida, destinada a paliar el drama de los desahucios, fue lo exiguo de los posibles beneficiarios. Según Adicae solo un 12% de los afectados puede ampararse en ella. Se trataba de familias con todos sus miembros en paro, a las que la cuota hipotecaria supusiera un 60% de sus ingresos –aunque fueran prestaciones por desempleo– y cuya deuda recayera en una única vivienda tasada por no más de 120.000 euros, en pueblos, o 200.000 en ciudades. La reforma hipotecaria que ultima el PP recoge ampliar los beneficiarios a familias numerosas, monoparentales con dos hijos, con discapacitados o menores de tres años al cargo, o cuyas rentas no superen los 19.000 euros anuales.