El PP no acepta la dación en pago pero avanza en la reducción de la deuda
Los intereses de demora no superarán tres veces el precio del dinero y no se capitalizarán. Los ingresos por ejecución de vivienda se destinarán primero a intereses normales y capital. Jueces y notarios podrán paralizar desahucios de forma cautelar. La dación en pago que defendía la ILP desaparece del texto.
El Partido Popular ha entregado hoy al resto de grupos del Congreso de los Diputados una propuesta unificada de reforma hipotecaria que agrupe las distintas iniciativas promovidas en este campo: el proyecto de ley del Gobierno, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y las enmiendas presentadas a ambos textos.
La principal novedad frente a lo previsto que introduce el texto, que promete ser un borrador casi definitivo de la norma por venir, es una nueva vuelta de tuerca en la intención de limitar los denominados intereses de demora ante el impago de cuotas hipotecarias.
En concreto, el PP insta a topar los intereses a un máximo de tres veces el precio del dinero, como ya anunció, pero incluye la prohibición de que estos se capitalicen junto al principal de la deuda, como venía sucediendo hasta ahora. Una práctica que engrosa el capital debido y multiplica los intereses correspondientes.
En paralelo, además, el texto de los populares establece una jerarquía de pagos por la que en caso de que la vivienda hipotecada se ejecutase, el dinero obtenido se dirija primero a la cancelación de los intereses remuneratorios –como ocurre en todo concurso de acreedores, matizan desde la administración- y en segundo lugar el capital de la deuda, en lugar de los intereses de demora.
La UE da el visto bueno al cambio previsto para que los jueces puedan paralizar desahucios cautelarmente
La fórmula, que ignora el espíritu de la dación en pago generalizada que emanaba de la ILP, lo que si hace es ayudar a que el desahuciado no genere intereses extra sobra la deuda pendiente una vez que ha perdido su hogar.
El texto, con el visto bueno de Bruselas, también da cumplimiento a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, posibilitando que un juez paralice cautelarmente un desahucio si el afectado alega que su hipoteca contiene cláusulas abusivas. También se potencia la figura del notario, para que este pueda denunciar este tipo de cláusulas en un procedimiento extrajudicial.
En paralelo, la propuesta del PP consolida el decreto ley de medidas urgentes para paralizar dos años los desahucios de los colectivos más vulnerables y de crear un fondo social de vivienda para acoger a familias ya desahuciadas.
También se establece la posibilidad de que la posibilidad de que el juez reduzca la deuda del ejecutado (en un 35% si paga en cinco años o un 20%, si paga en 10) y se dibuja una ampliación de los beneficiarios del código de buenas prácticas.
El PP saca la dación en pago del texto pero incluye enmiendas de otros grupos para ganar apoyos
Esta posibilidad, de otra parte, se aprueba de forma retroactiva siempre que los afectados no hayan pagado ya el 100% de su deuda (no habrá devoluciones) ni hayan superado cinco años, si aspiran a reducirse un 35%, o diez, en el proceso de pago.
En caso de subasta, además, la tasación no podrá ser inferior al 75% de la que se hizo en el momento de conceder el crédito, se reduce del 20% al 5% la consignación necesaria para participar y se prohíbe que una primera vivienda subastada sin postores se adjudique al banco por menos del 70% de su valor actual.
El PP ha informado de que el texto incluye un total de 50 enmiendas de todos los grupos parlamentarios, como la de UPyD de condonar un 2% de la deuda a los desahuciados que pasen los últimos meses en sus casas enseñándolas a potenciales compradores.
El movimiento busca lograr el apoyo de otros grupos parlamentarios al texto que, en todo caso, el PP tiene potestad para sacar adelante con su mayoría absoluta en la Cámara. Pese a englobarla, la ILP firmada por 1,5 millones de ciudadanos reclamando la dación en pago retroactiva y la paralización generalizada de los desahucios queda diluida en el proyecto del Gobierno.
