Las administraciones adeudan 900 millones a Sacyr y FCC
Las administraciones públicas tienen contraídas con los grupos constructores y de servicios FCC y Sacyr una deuda conjunta por importe de 900 millones de euros, en su mayoría por actividades de servicios.
Según han señalado fuentes cercanas a la compañía que preside Manuel Manrique, los ayuntamientos y las comunidades autónomas adeudan a Sacyr 150 millones.
Hace un año, cuando el Gobierno puso en marcha el primer plan de pago a proveedores, las administraciones públicas adeudaban a la compañía 370 millones vencidos y exigibles. De esta cifra, 260 millones de euros, correspondían a los ayuntamientos.
Por su parte, y tal y como ya indicó el vicepresidente y consejero delegado de FCC, Juan Béjar, durante la presentación del plan estratégico 2013-2015, las administraciones tienen una deuda vencida y exigible con la compañía por valor de 750 millones de euros, principalmente los ayuntamientos y por actividades de servicios.
En el marco del primer pago a proveedores, las administraciones públicas adeudaban entonces a la compañía cerca de 1.700 millones de euros, de los que un 75% correspondían al área de servicios.
Entonces, la morosidad de las administraciones públicas con las las grandes constructoras superaba los 7.000 millones, de los que una gran parte ya estaban vencidos.
Recientemente, el presidente de la patronal de las grandes constructoras (Seopan), Julián Núñez, reclamó a las comunidades autónomas que salden “a la mayor brevedad” el pago de 420 millones de euros de deudas vencidas que tienen contraídas con la actividad concesional.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, explicó ayer que la ampliación del plan de pago a proveedores en 2013 estará ligada a la obligación de las administraciones públicas de pagar a las empresas en un plazo máximo de 30 días.
En un foro organizado por el diario La Razón, Montoro aseguró que la cuantía aún no está cerrada, después de que un año antes se destinaran 27.000 millones.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya anunció en febrero durante el debate sobre el estado de la nación la ampliación del plan de pago a proveedores con una dotación de 2.684 millones de euros y que se podrían adherir las entidades locales de País Vasco y Navarra así como las mancomunidades que quedaron excluidas en el anterior plan.