Montoro usará el margen de déficit de la UE para pagar a los proveedores
Bruselas exigió poner el contador a cero para negociar el objetivo de déficit público Las patronales calculan que apenas quedarán 800 millones del FLA para deuda comercial
El pasado 16 de marzo se transpuso en España la directiva europea de plazos de pago que establece que las Administraciones publican tendrán que pagar las facturas por los bienes y servicios que contraten en un periodo que no supere los 30 días. Ese plazo es el mismo que figura en la Ley de Morosidad para este año, que, sin embargo, ha sido sistemáticamente incumplido por las comunidades autónomas y ayuntamientos, que se han financiado a través de los impagos a los proveedores.
La entrada en vigor de la normativa europea lo ha cambiado todo. La fecha de su transposición no es baladí, ya que ha coincidido con las negociaciones que mantiene el Ejecutivo español con Bruselas para que le flexibilice el objetivo de déficit público. En principio debe llegar al 4,5% del PIB este año, algo muy difícil si se tiene en cuenta que cerró 2012 con un 7% tras realizar un ajuste sin precedentes. El Ejecutivo confía en que Bruselas le conceda un colchón de 1,5 puntos, de tal modo que la meta a alcanzar se limite al 6% y se liberen en torno a 15.000 millones de euros.
Fuentes cercanas al Ejecutivo confirman que las autoridades comunitarias han introducido en las negociaciones del déficit el cumplimiento de los plazos de pago como condición sine qua non para flexibilizar el objetivo de déficit. Ante esta exigencia, el esquema que estudia el Ejecutivo, según esas mismas fuentes, es dedicar esos 15.000 millones a que las comunidades autónomas paguen sus deudas con los proveedores.
Esa posibilidad ya estaba contemplada en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ideado por el Gobierno para este año y dotado con 23.000 millones de euros. El problema, según confiesan las patronales sanitarias Fenin y Farmaindustria (que acumulan el 70% de la deuda comercial de las autonomías), es que las prioridades marcadas en el FLA son los vencimientos de deuda y la refinanciación del déficit. Teniendo en cuenta que las autonomías afrontan este año vencimientos de deuda por valor de 15.069 millones de euros (el 65% del total) y que muchas de ellas tendrán que pedir recursos para refinanciar el déficit, la parte que va a quedar para el pago a proveedores es exigua. Fuentes empresariales creen que podrían quedar apenas entre 800 y 900 millones de euros, con lo que solo se podría pagar la deuda con las oficinas de farmacia.
Por este motivo, el Ejecutivo quiere utilizar los 15.000 millones del nuevo margen para que las comunidades abonen sus deudas pendientes. Para lograr que cumplan los plazos de pago, Hacienda trabaja en el diseño y aplicación de un sistema de retenciones a aquellas Administraciones que superen los 30 días de plazo fijados por la directiva comunitaria. De este modo, todas las empresas podrían presentar, transcurrido el periodo de un mes, la factura impagada a Hacienda, que sería la encargada de abonársela. Para recuperar el importe pagado, el departamento dirigido por Montoro retendría la participación en los ingresos del Estado de la citada administración local o autonómica.
Las empresas reclaman un régimen sancionador
A la espera de que el Ejecutivo detalle cómo va a articular este nuevo plan de pago a proveedores, las empresas acreedoras han recibido con satisfacción el anuncio. Desde Farmaindustria, que acumula una deuda de 3.200 millones en 2012 y cuyo plazo medio de cobro es de 261 días, se valora de forma positiva la información. “Se agradece el esfuerzo del Ejecutivo. Cualquier plan de pago a proveedores es bien recibido, aunque lo idóneo sería establecer un mecanismo estructural para que las empresas paguen sus facturas según marca la ley”, apuntan.
En la misma línea, Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin, señala que es una buena noticia, puesto que puede tener un efecto igual de beneficioso que el anterior plan en cuanto a mantenimiento del empleo y la actividad. Sin embargo considera que la prioridad para el Ejecutivo debe ser obligar a las empresas a pagar a 30 días, algo que solo se conseguirá con un régimen sancionador para aquellos que incumplan. “Hay que ser realista, mientras que no se ponga en marcha un protocolo coercitivo que fije la obligatoriedad de pagar a 30 días, difícilmente se va a poder pagar en ese plazo”, recalca. Fenin acumula deudas por 2.806 millones con una demora en el pago de 273 días.
Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, coincide con Alfonsel al exigir un régimen sancionador para que las empresas enEspaña “se reintegren en el siglo XXI”. Por ello, la organización ha elaborado una propuesta, que remitió a finales del pasado ejercicio al Gobierno, que fija sanciones ejemplarizantes que podrían llegar a los 600.000 euros en función de la cuantía, el retraso o la reiteración en el impago a proveedores.
