Fuerte batalla en Extremadura por el agua de Plasencia

La concesión del servicio, en manos de Aguas de Plasencia, pende de un hilo El ayuntamiento reclama más de 500.000 euros a la empresa por cánones de 2006 y 2007 La concensionaria pide el reequilibrio de la concesión por impagos del consistorio

El sector de la gestión del agua está viviendo una fuerte polémica en Extremadura, donde Agbar está fuertemente asentada. El problema reside en la concesión de la localidad cacereña de Plasencia, de 41.000 habitantes, donde la operadora privada y el ayuntamiento se han enzarzado en una batalla que podría derivar en la rescisión del contrato.

La depuración y distribución corresponde a la UTE Servicios de Aguas de Plasencia, que renovó en 2007 por 15 años. La firma está participada por Aquagest Extremadura (45%), Caja Extremadura (15%) y las constructoras Araplasa y Mego (cada una con un 15%). A su vez, Aquagest Extremadura tiene a Agbar (55%) y Caja Extremadura (45%) como accionistas.

La UTE reclama un millón al ayuntamiento por impagos en la gestión de la depuradora, además de la certificación de obras realizadas y la actualización de las tarifas. De hecho, tiene un contencioso-administrativo interpuesto en un juzgado de Cáceres reclamando el restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión. El consistorio, por su parte, demanda 575.000 euros por el canon de captación y precio del agua de 2006 y 2007.

Rivales en toda España

Extremadura es campo abonado para la lucha entre Agbar y Acciona. La primera está en los grandes pueblos, mientras la segunda opera en Cáceres. No falta quien ve en Acciona el rival a batir si la concesión de Plasencia le es retirada a la filial de Agbar y Caja Extremadura.

El último paso del Gobierno local, del PP, ha sido bloquear la cuenta corriente utilizada por la empresa para la domiciliación de los recibos y los ingresos que proceden del consistorio. Ante este hecho, justificado en el marco de una auditoría de la gestión recaudatoria, Servicios de Aguas de Plasencia ha advertido de que no podrá pagar este lunes a los proveedores ni atender el día 27 a las nóminas de los trabajadores.