Tranquilo, lo estamos vigilando todo

Con una edad de entre 25 y 50 años, deberá tener una talla no menor que la que se exige para el servicio militar, una constitución robusta, ser de reconocidas buenas costumbres y gozar de buena opinión y fama. Eran estos algunos de los requisitos que se establecían en 1849 para poder ser guarda municipal de campo, la primera figura de seguridad privada en la historia reciente de España.

Más de siglo y medio después, aunque el cometido sigue siendo el mismo, es decir, garantizar la seguridad de personas y bienes de forma complementaria y subordinada a la seguridad pública, pocos son los parecidos entre aquellos predecesores de los vigilantes y las actuales compañías privadas de servicios de seguridad, que han ido incrementando su presencia en un buen número de segmentos, desde hospitales a colegios, pasando por aeropuertos o incluso por los controles de acceso de instalaciones militares.

El sector cuenta en la actualidad con cerca de 1.500 empresas en España y en los últimos cinco años se han habilitado más de 115.000 nuevos profesionales de la seguridad privada, pero la crisis, como al resto de la actividad económica, también le ha tocado de lleno. Según las estimaciones de Aproser, la asociación profesional de compañías privadas de servicios de seguridad, la facturación cayó en 2012 un 12%, aunque los datos aún no son definitivos, sumando así el cuarto ejercicio consecutivo de descensos, motivados primero por la disminución de la demanda de sus servicios por parte de los particulares y, más recientemente, por las restricciones presupuestarias de las Administraciones públicas, que representan un 25% de su facturación.

Se trata de una situación a la que las principales firmas españolas hacen frente a través de la tecnología. “Estamos consiguiendo crear nuevas soluciones en las que la tecnología juega un doble papel, porque por un lado permite incrementar la calidad de los servicios, con la utilización, por ejemplo, de vigilancia remota y, por otro, reduce los costes al racionalizar la utilización de vigilantes-hora”, analiza José Luis Velasco, director de relaciones institucionales y comunicación de Securitas.

“Se trata de avanzar en la convergencia de la seguridad, combinando sistemas y presencia física y al mismo tiempo responder también a la necesidad

de seguridad lógica de los clientes, pues una invasión de los sistemas informáticos puede hacer más daño que una invasión física de las instalaciones de una empresa. El objetivo es dar un mayor valor añadido a la seguridad y que esta no sea solo poner un vigilante ocho horas en una puerta”, explica Emilio García Perulles, director nacional de Eulen Seguridad.

Junto a ello, “se requieren cada vez más servicios específicos que cubran las necesidades de los clientes y que confirman la necesaria especialización, valorándose además las sinergias entre productos para que un solo proveedor pueda cubrir varias necesidades”, añaden fuentes de Prosegur.

La otra gran apuesta del sector pasa por explorar nuevos nichos de mercado para expandirse, intensificando la colaboración con la seguridad pública. “Hay opciones y nuevas actividades en las que, con el control adecuado, con carácter complementario y una función preventiva, podemos colaborar sin poner en cuestión el principio básico de que la seguridad está garantizada por el Estado”, argumenta Eduardo Cobas, secretario general de Aproser. Algunas experiencias europeas, asegura, avalan esta vía, como la vigilancia privada de algunas zonas comerciales en Suecia, complementando a los medios públicos; o la seguridad de zonas rurales de Bélgica, en las que cuando se detecta un pico de criminalidad se hace uso de los recursos disuasorios privados.

También en España, el Ministerio del Interior trabaja en un programa piloto que se implementará en 21 prisiones para que intervengan en el control de accesos y la vigilancia perimetral de los recintos, lo que ha despertado los recelos de los sindicatos de funcionarios.

La medida, según fuentes del sector, podría incluirse en la futura nueva Ley de Seguridad Privada que el Ministerio tiene ya avanzada y con la que el departamento de Jorge Fernández Díaz pretende modernizar la normativa y adecuarla a los nuevos tiempos en los que el sector ha experimentado un extraordinario auge, pero que “en absoluto supondrá privatizar la seguridad pública”, rechaza tajantemente el ministro.

Aunque la regulación vigente desde 1992, una de las más restrictivas de Europa, ha permitido en buena medida “que la seguridad privada española se convierta en un modelo de inspiración sobre todo para las reglamentaciones latinoamericanas”, según Aproser, todos los expertos coinciden en que se ha quedado obsoleta y puede suponer un freno. “El escenario no es el mismo, las demandas de la sociedad y las empresas tampoco. Por eso, uno de nuestros reclamos es poder atender servicios que nos demandan nuestros clientes en determinadas calles comerciales, eventos deportivos y espectáculos en espacios públicos”, subraya Velasco.

Intrusismo profesional

Los nuevos segmentos de actividad centrarán la agenda de la IV Cumbre Europea de Seguridad Privada que esta semana se celebra por primera vez en España y en la que también se abordarán otros problemas del sector, como es el del intrusismo profesional y la competencia desleal, “que, además de perjudicar gravemente a las empresas que cumplen fielmente con la legislación, ha creado una imagen distorsionada del sector, de manera que en ocasiones se ha generalizado injustamente”, advierte García Perulles.

Los empresarios reconocen que algunos casos famosos han podido afectar a la reputación del negocio y demuestran que no solo es necesario cumplir escrupulosamente con la norma sino también adecuar los servicios a los riesgos y los procedimientos de selección a los proveedores.

Para hacer frente a ello “es imprescindible que trabajemos con parámetros objetivos de las empresas, que demuestren que se cumple la normativa administrativa, laboral y tributaria y que no hacemos incurrir a los clientes en más riesgos de los necesarios”, concluyen desde Aproser, que durante la cumbre europea de seguridad presentará su especificación técnica. Bajo la certificación de Aenor, esta garantizará, aseguran, esa diferenciación positiva para todas las empresas asociadas que se sometan a ella.

Datos básicos del sector

Empresas

Un total de 1.492 compañías prestan servicios de seguridad privada en España, habilitadas por el Ministerio del Interior, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno vasco. El 72% de las empresas son pymes, con menos de 20 empleados, y solo cuatro de ellas, Prosegur, Securitas España, Eulen Seguridad y grupo Segur Ibérica cuentan con más de 5.000 trabajadores.

 

Facturación

El sector registró su mayor expansión a partir de mediados de los noventa, con un promedio anual de crecimiento del 9,5% entre 1996 y 2003. La crisis económica y el estrechamiento de los márgenes provocó, sin embargo, que la facturación empezara a registrar variaciones negativas desde 2009. Los ingresos alcanzaron los 3.215 millones de euros en 2011, un 5% menos que el año anterior, según los últimos datos de la patronal Aproser, que estima que la caída llegó al 12% en 2012.

Personal

Más de 265.000 trabajadores están habilitados en las distintas categorías laborales de la seguridad privada, según los datos del Ministerio de Interior. La mayor parte, 207.212, son vigilantes de seguridad, de los que solamente están en activo 88.250. Además hay 34.700 escoltas, 21.000 vigilantes de explosivos y más de 2.500 detectives.

 

Ratio

España es uno de los países europeos con menos agentes de seguridad privada en términos relativos, con un vigilante por cada 513 habitantes, ligeramente por detrás de países como Alemania o Francia. En los extremos, Reino Unido cuenta con un agente por cada 170 ciudadanos, mientras que en Italia el ratio es de un guarda por cada 1.260 residentes.

 

Colaboración

Las empresas privadas tienen la obligación especial de auxiliar a las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones, prestarles su colaboración y seguir sus instrucciones. Según el anuario del Ministerio del Interior, la seguridad privada proporcionó a la policía más de 2.300 informaciones sobre delitos y seguridad ciudadana y realizó más de 29.000 acciones de auxilio y colaboración en el último año con datos cerrados.

 

Intrusismo

Es una de las principales quejas del sector y el 40% de las compañías encuestadas en el informe 2012 de la Fundación Empresa, Seguridad y Sociedad considera que la situación está peor que hace cinco años. El Ministerio del Interior detectó 52 empresas no habilitadas o con personal no autorizado.